A. GARCÍA
En los cuatro años que lleva funcionando el decreto de garantía de demora máxima en la atención sanitaria sólo un ciudadano de la Región de Murcia ha solicitado ser atendido por la sanidad privada. El mencionado decreto, aprobado en marzo de 2006, establecía unos plazos máximos de 150 días para intervenciones quirúrgicas, 50 días para la primera consulta externa y 30 días para las pruebas diagnósticas o terapéuticas, tiempos a partir de los cuales los pacientes podían pedir asistencia en un centro privado y pasar la factura de su tratamiento a la Sanidad pública.
Pese a las facilidades ofrecidas desde el Servicio Murciano de Salud (SMS) para que ningún ciudadano tenga que esperar más de este tiempo, sólo una persona ha hecho uso de este servicio, según confirmaron ayer fuentes de la consejería de Sanidad, quienes señalaron que "ésto se debe principalmente a que la mayoría prefieren ser atendidos por el sistema público y a que sus patologías son leves y no requieren una atención urgente".
Sin embargo, Domingo Carpena, responsable de Sanidad en el grupo parlamentario socialista en la Asamblea Regional, no interpreta de la misma manera esta situación y considera que "el Servicio Murciano de Salud incumple el decreto al no ofrecer soluciones alternativas en otros centros a aquellas personas que se encuentran en lista de espera para ser atendidos".
La consejera de Sanidad, María Ángeles Palacios, que comparecerá hoy en el Parlamento murciano para dar cuenta de las listas de espera, recordó que entre pruebas diagnósticas, operaciones quirúrgicas y visitas con el especialista el pasado año fueron atendidos más de dos millones de consultas en los centros sanitarios públicos. Asimismo, matizó que, según los datos del pasado mes de diciembre de 2009, en la Región de Murcia se esperan once días menos que la media nacional para operaciones quirúrgicas y 25 días menos para ser visto por un especialista.