MANUEL MADRID
La Inspección de Trabajo impondrá sanciones de entre 626 y 6.250 euros a aquellos fotógrafos de bodas, bautizos y comuniones que no estén dados de alta en la Seguridad Social. Además, si se comprueba que no están cotizando como autónomos o por cuenta ajena en una empresa tendrán que pagar también la liquidación de cuotas correspondiente al periodo que han estado trabajando ilegalmente, según informó ayer el director territorial de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, José Fuentes Conesa. Para poner coto a la economía irregular en este sector contarán con la colaboración de la Asociación de Fotógrafos Profesionales de la Región, que se ha comprometido a notificar a la Administración cada irregularidad que puedan detectar en el desempeño de sus funciones.
Fuentes Conesa subrayó que cualquier trabajador del sector servicios debe estar dado de alta y que en épocas de crisis se registran más infracciones, por lo que la Inspección Provincial tiene previsto acometer, como mínimo, 800 actuaciones hasta diciembre en el sector servicios. "Vamos a incrementar las actuaciones entre un 10 y un 15% para 2010 ya que en 2009 tuvimos en la Región en todos los ámbitos 8.000 casos de economía irregular, un 30% más que en 2008", detalló el responsable de la dirección territorial, que cuenta con 23 inspectores y 28 subinspectores con competencias.
En el caso concreto de los fotógrafos, Fuentes Conesa agradeció que se haya establecido un "canal de comunicación" con los fotógrafos profesionales para combatir el fraude en esta profesión donde decenas de "ilegales" o "mochileros", como se les conoce, no pagan sus tributos al Estado para ejercer esta actividad profesional.
La secretaria de la Asociación de Fotógrafos Profesionales, Carmina Hernández, explica que el intrusismo laboral está robándoles trabajo. "Hay policías, bomberos, fontaneros... gente que empieza como un aficionado y que están cobrando en negro sus beneficios. Y ahora con la crisis están apareciendo como setas", confirma Hernández "porque es un negocio que mueve mucho dinero y donde hay tanta economía sumergida que hay que controlarla".
El incremento de las inspecciones ha levantado recelos por parte de fotógrafos profesionales que sí están dados de alta y no pertenecen a dicha asociación, como es el caso del Joaquín Clares, del estudio Elfotógrafo, que considera esta medida una intimidación y cree que deberían atacar otras cuestiones más urgentes como, por ejemplo, fijar unos precios estándar para los reportajes. "¿Y ahora tendremos que llevar la carpeta de la asesoría en la mochila por si vemos al inspector?", se pregunta.