Las comunidades de vecinos que tienen en sus azoteas una antena de telefonía móvil reciben por ley de las compañías que las explotan una media de tres millones de euros al año, afirma el investigador de la Politécnica, pero lo cierto es que el único perjuicio que les causa es el de la ocupación de un terreno que, en la mayoría de los casos, no utilizarían para otra cosa.
Así pues, Miguel Ángel considera que el único argumento que les queda para protestar es la compensación económica. "El miedo es libre y seguirán protestando, pero si en lugar de recibir dinero a cambio, hubiera que pagar, se acabarían las protestas", resalta.
De hecho, este investigador afirma que el lugar más seguro para escapar de las ondas que proyecta una antena de este tipo es justo debajo de ella. "Es como una fuente que proyectara el agua hacia del centro hacia los lados. Si estás debajo, no te mojas", aclara.
Pese a todos, recuerda que estas instalaciones tiene un perímetro de seguridad y que no conviene rebasarlo ni estar mucho tiempo en él, aunque la potencia de sus emisiones permitidas por la ley están hasta cincuenta veces de lo que podría empezar a ser perjudicial parala salud. El joven explica que se han hecho mediciones en zonas consideradas sensibles, como guarderías u hospitales, y se ha comprobado que no existe ningún riesgo.