Entre 1.000 y 4.000 euros. Eso era lo que cobraban los ciudadanos comunitarios por prestarse para contraer matrimonio con inmigrantes que querían regularizar su situación. A estos, la red les cobraba cantidades que oscilaban entre los 15.000 y los 18.000 euros y que, una vez descontada la parte de los 'ganchos' suponía los beneficios de la organización. Los cerca de 200 matrimonios sospechosos detectados en esta operación fueron celebrados en la localidad portuguesa de Gondomar, por lo que las contrayentes eran casi todas de nacionalidad portuguesa. En concreto, según fuentes policiales, se trataba de mujeres jóvenes y de mediana edad vinculadas con ambientes marginales que veían en estos matrimonios una forma rápida de obtener dinero fácil.