Una de las empresas implicadas en la Ninette suspende pagos

DAVID CANELLADA Una de las empresas que están siendo investigadas dentro de la operación Ninette se ha declarado en concurso de acreedores. Se trata, en concreto, de la sociedad Garcerán Construcciones S.L., que tiene su sede en Santiago de la Ribera. El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Murcia ha declarado en situación de concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) a esta empresa, que a partir de ahora pasará a ser gestionada por un administrador concursal.

Los acreedores disponen ahora de un plazo de quince días para comunicar a los nuevos responsables de la sociedad las deudas que Garcerán Construcciones tiene con ellos. Ayer, no obstante, el letrado de los empresarios, José Tovar Gelabert, calculó que esta cantidad podría oscilar "en torno a los dos millones de euros". Entre sus acreedores hay empresas subcontratistas y proveedores, así como "media docena de bancos y cajas de ahorro". "La empresa -explicó Tovar Gelabert- tiene patrimonio para hacer frente a la deuda. Hay bienes y propiedades, como terrenos y fincas, con los que responder. El problema -lamentó el abogado- es que los bancos no han querido negociar. Tenían prisa por cobrar y además no querían terrenos. Sólo recuperar su dinero".

Los responsables de Garcerán Construcciones, Valero y su hijo Francisco Javier Garcerán, fueron detenidos en enero del año 2008 por su presunta implicación en la operación Ninette. La investigación, desarrollada por la Policía Nacional y coordinada por el Juzgado Mixto número 2 de San Javier, trataba de desenmascarar una presunta trama de corrupción urbanística en torno al ayuntamiento de Los Alcázares. El caso llevó a la detención de varios miembros de la corporación municipal, entre los que se encontraban el ex alcalde, Juan Escudero o el entonces arquitecto municipal, Mariano Ayuso.

Los investigadores estaban convencidos de que los Garcerán -que estuvieron dos meses en prisión provisional- formaban parte de una red de empresas que se vieron beneficiadas por el ayuntamiento en la adjudicación de obras públicas.