La sustitución del trasvase Tajo-Segura por caudales procedentes de la desalación supondría, al margen de disparar el coste del agua, un auténtico descalabro ambiental al cuadruplicar las emisiones de CO2 a la atmósfera, según se apunta en el informe realizado por la Universidad de Alicante para la patronal Coepa. Los datos del estudios son claros: la transferencia de los 500 hm3 del Tajo que llegan todos los años a la Región de Murcia y Alicante obliga a utilizar una energía (bombeos, impulsiones...) que provoca la emisión de 82.280 toneladas de CO2.
No obstante, los técnicos advierten de que si el caudal se sustituyera por agua desalada, la producción acarrearía la emisión de 314.160 toneladas, es decir 3,8 veces más que con el trasvase.
Por otro lado, las hectáreas de regadío dependientes del trasvase generan, además, una cubierta vegetal que evita procesos de degradación de suelos, ralentiza la diversificación y, a su vez, hacen que aumente la diversidad. La zona regada es un auténtico sumidero de dióxido de carbono, según las conclusiones de un informe que se ha convertido en los últimos meses en argumento sólido contra los detractores (Castilla-La Mancha) de esta infraestructura abierta en 1980 y que, al margen del caudal de regadío, resulta fundamental para el consumo urbano. El 60% del volumen que maneja la Mancomunidad de Canales del Taibilla, llega desde el complejo de embalses de Entrepeñas y Buendía.
El propio comité ejecutivo de la Mancomunidad de Canales del Taibilla ha alertado de que la desalación de agua del mar y los recursos propios del río no serán suficientes para atender la demanda de agua potable prevista en los 79 municipios a los que abastece en Murcia, Alicante y Albacete, en el horizonte de los próximos 16 años (2025).
El Taibilla calcula que los 2,5 millones de residentes -800.000 más en verano- que beben de los recursos de la Mancomunidad consumirán 300 hm3 anuales, de los que 190 hm3 llegarán de todas las desaladoras del Programa Agua (Águilas, San Pedro del Pinatar, Valdentisco, Alicante y Torrevieja, ) y de los recursos propios, pero el resto -110 hm3- deberán ser atendidos por los caudales del Tajo-Segura, de aquí que la Mancomunidad considere "incuestionable" la continuidad del trasvase que pretende cerrar el gobierno de Castilla-La Mancha con el apoyo del PP manchego (caducidad o reserva).
Las advertencias del Tabilla cobraron fuerza a finales de 2009 cuando se conoció que otro estudio, éste de la Confederación Hidrográfica del Segura sobre las necesidades de agua que tendrá la cuenca (Murcia-Alicante) en los próximos años, también subrayó que el trasvase Tajo-Segura resulta insustituible debido a que en las condiciones actuales (envío de 540 hm3 anuales de agua de Entrepeñas y Buendía) y con todas las desaladoras del Programa Agua en marcha (300 hm3), todavía será necesario un aporte externo de entre 313 hm3 y 371 hm3, según consta en los documentos oficiales. Los datos fueron revelados por el catedrático de Geografía Regional, Antonio Rico, que también se ha pronunciado en contra de que el Estatuto de Castilla-La Mancha establezca reservas, algo que también afectaría al consumo urbano en el área metropolitana de Valencia, que quedaría sin agua en caso de reservas.
La patronal alicantina Coepa sostiene que la eliminación del trasvase tendría unas consecuencias letales para la provincia de Alicante porque significaría la ruina para el 62,18% de la agricultura de regadío, un sector que factura 330 millones de euros al año y da a empleo a 51.325 trabajadores en la provincia.
