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M. J. GIL
¿Cuál es el objetivo de su investigación sobre los procesos judiciales a los que se enfrentó a raíz de la denuncia del fiscal Valerio de Madrid sobre el robo de agua ?
El estudio que estamos realizando pone de manifiesto la gran trama que había, y que saldrá en su momento a la luz, para criminalizar a la Confederación presidida por mí y atacar la política del PP. El descrédito de la cuenca que iba a ser receptora de los trasvases del Plan Hidrológico era fundamental .
¿A qué se refiere?
A las actuaciones que arrancaron con las diligencias de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Una serie de personas de mi entorno llevamos varios años estudiándolas línea por línea en todos los órdenes, jurídico y técnico, porque hay que llegar hasta el fondo. Lo que queremos es aportar a la opinión pública las claves y las razones por las que aquello se hizo en Madrid y se le dio luego la cobertura nacional que tuvo: las sinrazones de todo aquel montaje. El proceso se judicializó en Murcia, pero se acabó archivando a petición del fiscal jefe del TSJ Manuel López Bernal, que razón tenía para hacerlo.
¿Qué harán cuando terminen de investigar?
En su momento saldrá con nombres, apellidos y DNI, no, porque es información reservada. Lo que llama la atención es ver de qué manera se engañó al Estado de derecho.
A usted se le relacionó con un accidente de tráfico en el que fallecieron dos funcionarios de la Confederación que, supuestamente, iban a aportar pruebas a la Fiscalía de Madrid.
Aquello fue algo lamentable. Ya me habían avisado de que lo iban a sacar y, efectivamente, trataron de crear una rocambolesca historia en torno a aquel desgraciado accidente. Las mentes que eran capaces de fabular en ese sentido tenían hábito de haberlo hecho en sentido mucho más profundo y estaban dispuestos a todo para evitar que hubiese una salida al problema del agua en este país
¿Llegó a sentarse en el banquillo de los acusados?
Sí. Estuvimos sentados en el banquillo en Elche. No es agradable, pero no fue una experiencia demoledora. Yo sabía qué se ventilaba allí y el tribunal lo entendió perfectamente.
¿Cuánto duró el proceso?
Se abrió en Madrid en 2002 y la traca gorda surgió en la precampaña de las elecciones de 2004. Era el informe de la Fiscalía de Madrid en el que nos hacían responsables de todas las prevaricaciones habidas y por haber. Vamos a ver cómo funcionarios de alto nivel mintieron y vamos a ver por qué hicieron aquello. Las pruebas de lo que hicieron están ya. Ahora estamos en los porqué.
¿Pedirán responsabilidades?
Vamos a pedir todas las responsabilidades que se puedan pedir. Todos los caminos que haya que recorrer se van a recorrer, pero eso sí, con sosiego y con mucha tranquilidad. Creemos que en un par de años estará acabado.
¿Ha descubierto algún delito?
Eso tiene que decirlo una autoridad. Por mi condición de abogado no puedo declarar delincuente a nadie.
¿Cómo contempla la guerra del agua que está ocasionado el Estatuto de Castilla-La Mancha?
La cuestión del Tajo sólo puedo verla de una manera: tratándose de una cuenca intercomunitaria, ninguna comunidad autónoma tiene competencias, sino que la gestión corresponde al Estado. Entrar en otras consideraciones hace que choquemos frontalmente contra el ordenamiento jurídico
¿Cómo cree que acabará?
Estamos sufriendo las consecuencias del fracaso de la planificación hidrológica en España. Espero que, cuando la sociedad perciba la necesidad de redistribuir los excedentes de agua que hay en España, volverán las aguas a su cauce y podrán hacerse trasvases intercuencas. Mientras el Estado español exista, existirá la posibilidad de trasvasar agua entre los distintos territorios que lo integran.
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