M. MADRID
El informe realizado desde el Colegio de Economistas de Murcia para el Registro de Economistas y Asesores Fiscales (REAF) de España evidencia las dificultades de los ayuntamientos para cuadrar las cuentas públicas, de ahí que muchos alcaldes hayan decidido sacar tajada de las tasas por aprovechamientos del dominio público o por la prestación de servicios públicos más que por la subida de impuestos debido a su impopularidad. Entre las tasas que están al alza se encuentran, por ejemplo, desde la retirada de vehículos de la vía pública, la ORA, los servicios de extinción de incendios o salvamento, el alcantarillado, la prestación de servicios sanitarios y urbanísticos, la expedición de documentos administrativos o las licencias de autotaxi a las licencias de apertura de establecimientos, la recogida de residuos, los servicios en mataderos, lonjas y mercados, las entradas a museos e incluso los servicios funerarios.
De hecho, muchos consistorios han optado por recuperar tasas que ya habían desaparecido y, para más inri, subir los impuestos hasta el tope legal. La profesora de la UMU María José Portillo destacó ayer las disparidades en cuanto a los ingresos por comunidades autónomas en concepto de tasas, ya que, por ejemplo, en Baleares las tasas de prestación de servicios públicos locales representan el 70% de los ingresos en este capítulo, mientras que en Murcia o Navarra no llegan al 30%. Además, cada ayuntamiento fija el precio de las tasas, por lo que los economistas abogan por crear un catálogo general de tasas con precios fijos para toda España ya que de esta forma se evitarían, por ejemplo, maniobras de deslocalización de empresas para matricular vehículos en los municipios donde más barato les resulta. Esta medida ayudaría, según María José Portillo, a intentar homogeneizar, en la medida de lo posible, los precios evitando que por tasas que financian los mismos servicios se rijan por parámetros tan dispares.