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DAVID CANELLADA La Justicia española afronta uno de sus cambios de mayor calado. Si tradicionalmente se la acusa de seguir anclada en el siglo XIX, esta administración quiere saltarse dos siglos y plantarse de golpe en el siglo XXI. Sin transiciones. La herramienta que debe revolucionar los juzgados españoles es la nueva Oficina Judicial, que será presentada esta semana en Murcia.
El primer paso de esta reforma se empezará a dar -en Murcia y en otras siete ciudades que forman parte de un proyecto piloto del ministerio de Justicia- el próximo uno de enero. Las reformas procesales que darán cobertura legal a esta revolución interna, sin embargo, no entrarán en vigor hasta el próximo cinco de mayo. Será ese día cuando el nuevo sistema de trabajo sea una realidad en los juzgados murcianos.
Hasta entonces, jueces, secretarios, funcionarios y demás operadores judiciales estarán inmersos en un sinfín de comisiones de trabajo, encuentros, reuniones y definición de nuevos protocolos destinados a cuadrar las últimas piezas de una máquina que tardará tres años en alcanzar su velocidad de crucero. La base del cambio, sin embargo, se dejará ver desde el principio.
Lo más relevante es la desaparición de los juzgados tal como los conocemos hoy. La nueva Oficina Judicial rompe con la idea de una Justicia atomizada y fragmentada en órganos judiciales autónomos e independientes y apuesta por la integración en una serie de servicios comunes que darán cobertura a varios juzgados a la vez. "El objetivo -en palabras del secretario de Gobierno del TSJ de Murcia, Javier Parra- es racionalizar los medios de los que disponemos para ser más eficientes".
Esta racionalización supondrá un ahorro de tiempo para los ciudadanos, que verán cómo se reduce el tiempo de resolución de un asunto. El nuevo escenario marca una fuerte división entre los aspectos jurisdiccional, procesal y administrativo de la Justicia.
La primera de estas vertientes recaerá en los jueces y magistrados, que a partir de ahora se centrarán en celebrar juicios y dictar sentencias. Para ello, contarán con las Unidades Procesales de Apoyo Directo, un órgano equiparable a los actuales juzgados pero que contará únicamente con dos funcionarios dedicados de forma exclusiva a esa función.
Arquitectura y tecnología
Los secretarios -el cuerpo que, probablemente, más sufrirá la reforma- serán los encargados de los aspectos procesales. Al frente de los Servicios Comunes Procesales, el secretario será el responsable de la marcha diaria de la nueva Oficina Judicial. Entre estas funciones estará la de decidir sobre la admisión a trámite de los asuntos, fijar los calendarios de señalamientos, la documentación de los expedientes o la ejecución de las sentencias.
El cambio, además, se verá reflejado en la arquitectura de los edificios judiciales. La Ciudad de la Justicia de Murcia -el primer edificio de España adaptado a la nueva realidad- es un ejemplo de ello. La nueva organización irá acompañada de un gran espacio orientado a los ciudadanos y al resto de agentes judiciales -los servicios comunes- que convivirán con las Unidades de Apoyo, de menor tamaño.
Todo ello, al mismo tiempo, deberá ir acompañado de la integración de las nuevas tecnologías. El objetivo es lograr, de una vez por todas, que la imagen de los juzgados llenos de papeles y expedientes pasen a ser historia. Para ello se seguirán potenciando las nuevas tecnologías, como las notificaciones a través del correo electrónico -que reducirán los tiempos de tramitación de los asuntos-, o la aplicación de la firma electrónica en las salas de vistas. Gracias a ello, los secretarios judiciales no tendrán que estar presentes durante el juicio, sino que pueden actuar como fedatarios gracias, únicamente, a la aplicación de su firma electrónica al principio y al final de la vista.
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