M. J. G.
Ocho representantes de las principales organizaciones y de las comarcas que integran la patronal explicaron ayer ante la asamblea extraordinaria de la CROEM el precio que la crisis se ha cobrado en dos años y medio.
Javier Gómez Vizcaíno, de COEC dijo que "las empresas no son las culpables de las crisis, sino las grandes perjudicadas y las víctimas" y criticó que la Ley de Directrices del Litoral obligue a destinar el 25% de la edificación a usos hoteleros, sin ofrecer las contrapartidas que dan otras comunidades autónomas. Se quejó también de que los ayuntamientos traten de desplazar los locales de ocio a los polígonos industriales, convirtiéndolos en "antros nocturnos".
Antonio García, de la patronal de Lorca CECLOR, dijo que en "un año se ha destruido en la comarca del Guadalentín todo el empleo creado entre 2004 y 2007", al tiempo que desaparecían las industrias del curtido y del textil. Añadió que Lorca ha perdido la capitalidad de la comarca que teme que "el Guadalentín llegue a ser en la Región lo que Murcia es en España: la eterna olvidada".
José Hernández, de la patronal agraria, se lamentó de que las graves consecuencias que tenían los acuerdos de la UE con Marruecos para la importación de tomate se extenderán ahora a los cítricos y a la fruta de hueso. Alertó de que las exportaciones han caído este año un 21%, mientras que las importaciones representan ya el 28% del consumo nacional, al tiempo que advertía sobre la amenazas de la falta de agua. Dijo que la agricultura en la Región es "como 10 factorías de la Ford (de Almusafes, Valencia), ya que tres empresas del sector tienen más de 2.000 empleos y otras siete entre mil y dos mil", mientras que da trabajo a 100.000 personas en distintas actividades.
Miguel López Abad, del Metal, fue el más duro en sus críticas. Se quejó de las trabas que encuentran los empresarios para conseguir los créditos del ICO, acusando a las instituciones financieras de actuar de forma "especulativa, deshumanizada e insolidaria" y de los perjuicios que origina la morosidad de la Administración, a la que exigió la supresión de "las fundaciones y organismos inútiles". "Que no nos tomen por tontos", añadió.
Juan Hernández Albarracín, presidente de los promotores y vicepresidente de FRECOM, dijo que los constructores "sabemos hacer casas, carreteras, embalses, puentes e infraestructuras que mejoran la calidad de vida", pero la Administración dedica sus recursos a engrosar su plantilla y las entidades financieras no dan créditos.
Jesús Pacheco, de Hostemur, pidió para la hostelería el trato que tiene la industria y reclamó agua para garantizar la supervivencia del sector, que en julio de 2008 empleaban a 46.000 personas y representaba el 9,5% del PIB.
Antonio González, presidente de la patronal de los comerciantes FECOM, se lamentó de que las ventas han caído un 20% y se negó a aumentar la apertura del comercio en más horas y en más festivos, asegurando que "no somos esclavos".
Manuel Perezcarro, secretario general de FROET, se quejó de que el transporte por carretera, que reúne la cuarta mayor flota de España, es acusada de contaminar, de colapsar el tráfico y de invadir las ciudades.
