Los murcianos pleitean poco

REDACCIÓN Los murcianos manifiestan tener pocos problemas legales, pero cuando los tienen les afecta a su vida personal. Así se desprende del III Estudio ARAG, compañía líder en seguros de defensa jurídica y servicios legales, desarrollado por el Colegio Oficial de Politólogos y Sociólogos de Cataluña. Dicho estudio establece que Murcia es una de las comunidades autónomas cuyos ciudadanos afirman haber tenido un menor número de problemas legales, varios puntos por debajo de la media nacional.
El 44,3% de los murcianos manifiesta haber tenido algún tipo de problema relacionado con el consumo (frente al 53,3% nacional); el 21,4% ha sufrido problemas con su vivienda (frente al 27,6% nacional) y el 17,6% ha tenido que defender sus derechos en el ámbito laboral (frente al 23,2 nacional). Todos estos porcentajes sitúan a Murcia como una de las comunidades autónomas que menor número de problemas tiene, según el informe de ARAG. Por otro lado, el 63,3% de los murcianos mantiene que este tipo de problemas afectan a su calidad de vida.
Sin embargo, en el ámbito del automóvil, los murcianos sí manifiestan tener problemas y superan en casi tres puntos la media del conjunto de España. El 25,2% de los murcianos ha tenido preocupaciones en temas relacionados con el auto frente al 22,3% nacional, estando sólo por delante Madrid (29%) y Cantabria (26,3%). Las principales problemáticas son las referidas a infracciones y a reclamaciones por accidentes.
En cuanto a los ciudadanos que sí han sufrido algún tipo de problema legal, el III Estudio ARAG pone de manifiesto que el 57,2% no sabría a quién acudir. Sin embargo, esa desorientación no les impide ser activos y actuar para defender sus derechos, lo que indica que los hábitos han cambiado y que la simple queja ha dado paso a la reclamación. Entre el 58,3% y el 75,8% de los ciudadanos que viven en Murcia, en función del tipo de problema vivido, reclaman, aunque no siempre utilizan las formulas más idóneas. "Nos ha llamado la atención la confianza que tienen los ciudadanos en el sistema, ya que esperan resolver un conflicto acudiendo o a una de las partes implicadas o a las instituciones públicas y organizaciones sociales. En el primer caso, presuponen objetividad y en el segundo les otorgan una competencia que a veces no existe", afirma la socióloga Montserrat Martínez, directora del informe.