El presidente de la Fundación Católica San Antonio, José Luis Mendoza, declaró ayer por la investigación que sigue un juzgado de instrucción de Madrid sobre presuntas irregularidades en torno al entramado societario de su familia. Tras la toma de declaración -que se realizó en Murcia a petición del órgano judicial madrileño-, el juzgado tiene previsto ordenar a Hacienda que investigue la contabilidad de la UCAM para comprobar si ha habido irregularidades en los contratos que suscribe con la Fundación.
La investigación -iniciada por el Tribunal de Cuentas, que después se la derivó a la Fiscalía Anticorrupción de Madrid- trata de arrojar luz sobre el sistema de gestión y administración de la universidad privada. En concreto, el juez quiere saber si Mendoza pudo beneficiarse de fondos a través de un entramado societario que da servicio a la universidad. Esta red de empresas -puestas a nombre de la familia de Mendoza- ha recibido numerosos contratos de la propia UCAM para prestar diferentes servicios.
Ayer -en una declaración realizada ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia en representación del magistrado instructor y que contó con la presencia del delegado de la Fiscalía Anticorrupción en la Región-, quedó claro que los estatutos de la Fundación San Antonio permitían llevar a cabo un proceso de 'autocontratación'. Ahora, el juez quiere comprobar si existieron irregularidades en esa autocontratación y, en ese caso, quiénes fueron los beneficiarios. Para ello, según fuentes judiciales, ha solicitado un exhaustivo informe a Hacienda.
