El Consejo General del Poder Judicial acaba de renovar su mandato al frente del Tribunal Superior de Justicia con un consenso abrumador. Los 19 miembros presentes en el pleno le han vuelto a dar su plena confianza. Hace cinco años llegó al cargo con la intención de renovar la administración de Justicia, modernizarla, acercarla al ciudadano...

¿Qué puntos de ese programa cree que se han cumplido y cuáles quedan pendientes?

Un dato muy positivo de estos años ha sido el incremento de la planta judicial. En estos cinco años se han creado 335 unidades judiciales, casi un tercio de lo que teníamos. Este incremento era muy necesario. La ratio de jueces por habitante era muy baja, pero tampoco es que uno pueda sentirse satisfecho del todo. Las necesidades han ido creciendo y el volumen de litigiosidad ha ido creciendo. Otro punto de luz ha sido la apuesta del TSJ -siempre desde una visión integrada- por la necesidad de llamar la atención de que el modelo de organización de la administración de Justicia estaba agotado. Eso estaba generando grandes disfunciones en el sistema. Hemos trabajado mucho por gestionar el cambio, por cambiar el chip de cómo debe ser la organización de la Justicia. Esto era un objetivo que nos marcamos desde el principio y ahora, cinco años después, nos encontramos, negro sobre blanco, con la reforma procesal más importante de los últimos veinte años. En este sentido, la Nueva Oficina Judicial demanda un cambio de mentalidad, de percepción, un espíritu crítico y constructivo por parte de jueces y magistrados. Para la Justicia, además, es clave la aplicación de la carta de Derechos del Ciudadano, que no debe ser papel mojado, sino el auténtico programa del siglo XXI: una Justicia transparente, atenta y tecnológicamente avanzada. Desde el momento que el modelo estaba agotado, el viaje no tenía retorno y había que caminar hacia la modernización y hacia la organización.

La Nueva Oficina Judicial era uno de los objetivos de la Justicia cuando asumió el cargo. Otro de los temas de los que se hablaba eran las transferencias de Justicia. ¿Tendremos una Consejería de Justicia a principios de 2010?

Habrá que preguntarle al gobierno regional, aunque me consta que la negociación está muy avanzada. No tiene sentido hoy día que todavía queden algunas comunidades autónomas sin las transferencias de Justicia, pero comprendo que el momento económico actual es complicado. El mejor escenario, desde luego, es que estén las transferencias de Justicia, pero los tiempos los marcan las administraciones implicadas.

¿Habrá una Justicia diferente cuando lleguen las transferencias?

Los efectos de las transferencias serán muy beneficiosos porque aportarán cercanía y proximidad, pero en este momento también es necesario mirar al estado, es necesario compartir información. Caer en compartimentos estancos, en reinos de taifas, es una de las peores cosas que pueden ocurrir en la Justicia. La Justicia es un servicio público que se imparte en régimen de monopolio y esto exige una visión de estado, no una visión exclusiva de una comunidad autónoma. La Justicia tiene que ser igual en su impartición y en su modelo de organización en Murcia, en Barcelona o en Madrid. Eso es clave, y no es bueno que nos encontremos sistemas de organización de Justicia y medios materiales y personales en el País Vasco que probablemente son mejores que en otros territorios.

Se ha hablado siempre de la Justicia como la hermana pobre de las administraciones. ¿Cree que la Justicia sigue sin interesarle a la clase política y a los poderes públicos?

Esa es la percepción que tenemos. Ahora bien, creo que hubo un punto de inflexión que fue el pacto de estado por la Justicia, del que nace la reforma de la Nueva Oficina Judicial. Las últimas épocas han puesto de manifiesto que la Justicia exige una solución. Es verdad que cuando hablamos de la hora de la Justicia parece que estamos ante un reloj inmóvil. Ahora, sin embargo, es cuando yo sí tengo entusiasmo, ilusión y esperanza, aunque eso no significa que sea ingenuo. Veo que ahora hay una coordinación de esfuerzos por parte del CGPJ y del Ministerio de Justicia y por primera vez tenemos un plan de lo que debe ser la Justicia del siglo XXI.

Otro de los grandes temas de estos cinco años ha sido la violencia de género, cuya aplicación parece que no está exenta de dificultades...

El grado de implicación de la Justicia en la lucha contra la violencia de género es un camino sin retorno. Se ha emprendido esa especialización y hay que caminar en ella. No obstante, hay que tener claro que es un problema interdisciplinar, cultural y educativo y que, evidentemente, los juzgados no son la respuesta a la violencia de género. Son sólo una garantía para la víctima. Desde el punto de vista interno, organizativo, las soluciones van por la comarcalización de esos juzgados de violencia de género. Hay que descargar de una vez por todas a los juzgados mixtos, a los juzgados de pueblo. Hay que apostar por la especialización y por la comarcalización.

En estos cinco años ha mantenido un espíritu crítico y reivindicativo con las necesidades de la Justicia en Murcia. ¿Quedan fuerzas para mantenerlo?

El espíritu reivindicativo no lo voy a perder hasta que termine mi mandato. Siempre desde la responsabilidad, desde unas miras constructivas, pero desde luego nunca mirando hacia otro lado ni desde la complacencia.