La Justicia mantiene abiertas en la Región 14 investigaciones contra miembros del PP y seis contra cargos socialistas. Así lo especificó ayer el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, durante una comparecencia en el Congreso de los Diputados en la que el máximo responsable de la Fiscalía pretendía mostrar la "demoledora" acción de la Justicia contra la corrupción.

En concreto, Conde Pumpido usó esos datos para negar las acusaciones vertidas en los últimos meses sobre una presunta persecución de los tribunales al Partido Popular. "A veces se produce la percepción subjetiva de que los más próximos son los más perseguidos -subrayó Conde Pumpido-, pero esta sensación se debe, sobre todo, a la implantación de una u otra fuerza política en las instituciones de un área geográfica determinada".

Como contraposición, el fiscal general reveló los datos referidos a la Junta de Extremadura, donde el PSOE lleva gobernando más de veinte años. Allí, la Justicia mantiene abiertos quince asuntos penales contra los socialistas, mientras que contra miembros del PP "solamente hay uno".

En el conjunto del territorio nacional, según los datos facilitados por Conde Pumpido, hay un total de 730 asuntos -entre procedimientos judiciales y diligencias de investigación- abiertos contra partidos políticos por casos de corrupción. De éstos, 264 son procedimientos penales abiertos contra cargos públicos o políticos del PSOE. Por otro lado, 200 son contra miembros del PP.

Igualmente, Conde Pumpido señaló que hay 43 causas abiertas contra miembros de Coalición Canaria, 30 contra miembros de Convergencia i Unión, 24 del Partido Andalucista, 20 de Izquierda Unida, 17 del Grupo Independiente Liberal, 7 de Unión Mallorquina, 5 de Esquerra Republicana de Catalunya, 3 del Bloque Nacionalista Galego, otros 3 de PNV, uno de ANV y otro de Eusko Alkartasuna. A ello hay que unir otras 67 investigaciones seguidas contra miembros de otros partidos de implantación local.

Para Pumpido, no obstante, no se puede decir que la corrupción sea "un fenómeno generalizado". Para ello, reveló que, frente a los 66.000 concejales y alcaldes, además de los miembros de parlamentos autonómicos y órganos centrales del Estado, hay poco más de 700 investigaciones abiertas, que por tanto afectan a aproximadamente un 1% de los cargos públicos españoles.