El propietario de varios inmuebles de La Manga que demandó a Greenpeace por difundir un fotomontaje en el que aparecían sumergidos en el mar los edificios de esta franja costera reclama 36.000 euros a la organización ecologista "por daño moral", según explicó el abogado José Ángel Abad, tras la celebración del juicio que ayer quedó visto para sentencia en el Juzgado de Instrucción número 33 de Madrid.

José Angel Abad explicó que el propósito de la demanda era conseguir que Greenpeace se retracte y reconozca que la simulación de los posibles efectos que el cambio climático tendría en La Manga no se corresponde con las dimensiones que alcanzaría en la subida del nivel del mar. A su juicio, se trata de "una acción maliciosa" que se realizó de forma premeditada y que debe calificarse como "una conducta dolosa".

El propietario consideró que esta imagen había perjudicado sus intereses, dado que el valor de los edificios que tiene en La Manga quedó reducido a la mitad y, además, ha sufrido "un daño moral", por lo que reclama una compensación económica de 36.000 euros para resarcirse por los perjuicios sufridos.

Abad precisó que las organizaciones ecologistas han tratado de presentar al demandante como una inmobiliaria, por tratarse de una persona jurídica, cuando "es un simple propietario que tiene dos inmuebles" y que les demanda por las pérdidas que ha sufrido. "No hay inmobiliarias ni constructoras", aseguró.

El abogado precisó que la imagen de los edificios sumergidos en las aguas del mar que ofreció la organización en su fotomontaje se correspondería con una subida del nivel del mar de 10 metros, cuando la proyección de los científicos, según las estimaciones de los testigos que aportó, se limitaría a 50 centímetros. Añadió que "hemos aportado informes de dos arquitectos" en los que se señala que la subida del nivel del mar previsible de acuerdo con las proyecciones de los científicos no se corresponde con la imagen del fotomontaje. Su objetivo era demostrar que las imágenes eran "una auténtica barbaridad" y que "si no se hubiese exagerado tanto, no habría tenido efectos tan perjudiciales".

Durante el juicio, trató de demostrar además que Greenpeace y Anse tienen un contencioso contra los promotores de Puerto Mayor y que estaban interesadas, por tanto, en desacreditar la imagen de La Manga, sin tener en cuenta el perjuicio económico que origina a los propietarios de la zona.

A juicio del abogado, también pesó el hecho de que "La Manga del Mar Menor no tiene ayuntamiento propio", al estar dividida entre San Javier y Cartagena, por lo que "se encuentra indefensa"

José Ángel Abad da por hecho que la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 33 de Madrid acabará recurrida ante la Audiencia Provincial, sea cual sea el resultado, al entender que ninguna de las partes se conformará con el fallo que salga.