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El Gobierno apoya la terminación de Puerto Mayor y sostiene que ´no se pondrá un solo ladrillo´

 
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Anse y Greenpeace aconsejan a Medio Ambiente y al abogado del Estado recurrir al Supremo

EUROPA PRESS El presidente del Ejecutivo regional, Ramón Luis Valcárcel, subrayó ayer, durante la inauguración de una planta industrial del Grupo Fuertes en Escombreras, que "mientras no haya sentencia contraria a la ejecución del puerto de Puerto Mayor, el Gobierno regional estará de acuerdo en que se haga esa obra, puesto que nada lo contradice", pero seguirá oponiéndose "a que haya un solo ladrillo" para el aprovechamiento urbanístico residencial del entorno.
La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Región ha desestimado el recurso de suplica interpuesto por la Administración Civil del Estado contra el auto de 21 de octubre de 2008, que estableció qué obras debían seguir suspendidas y las que debían continuar en Puerto Mayor. El TSJ permite continuar la construcción del puerto, pero no permite contribuir viviendas, tal como estaba previsto.
Valcárcel indicó que es el proyecto "del puerto, entendido como el lugar en el que están los amarres para los barcos" el que ha recibido el visto bueno de la Unión Europea. Por eso, a su juicio,"la oposición o no sabe de lo que habla en este tema o dice lo primero que se le ocurre al respecto". "Contra ese proyecto portuario la justicia no ha dicho nada negativo. Otra cosa es el proyecto urbanístico al que siempre dije que no y al que sigo diciendo que no. Si el PSOE fuera más a menudo al diario de sesiones de la Asamblea Regional, lo sabría", apuntó.
El consejero de Obras Públicas, José Ballesta, criticó que "determinados responsables públicos" aplaudan aquellas resoluciones judiciales cuando le son favorables -refiriéndose a los socialistas y al proyecto de Puerto Mayor-, pero "ninguneen o menoscaben" cuando son contrarias. Puntualizó que el Gobierno "cumplirá escrupulosamente todo aquello que dicten los órganos competentes".
ANSE y Greenpeace mostraron su disconformidad con la decisión del TSJ e instaron al ministerio de Medio Ambiente y al abogado del Estado a que recurran la decisión del TSJ al Supremo. Creen que la decisión "se basa en un informe pericial sesgado que no valora los impactos ambientales de la continuación de las obras".

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