Los abogados tachan de ilegales las escuchas a los implicados en la trama

Creen que la grabación de las conversaciones que tuvieron con sus letrados atenta contra el Estado de Derecho

EFE El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) cree que la grabación de las comunicaciones privadas entre presuntos implicados del caso Gürtel y varios de sus abogados suponen un atentado contra el Estado de Derecho ya que fueron realizadas "sin apoyo legal", "fuera de la legalidad vigente". De esta forma se pronuncia el CGAE tras las denuncias de algunos abogados de los imputados por haber sido intervenidas conversaciones entre los letrados y sus clientes.
El Consejo manifiesta su "absoluto rechazo" a la "violación del secreto profesional" que, en su opinión, se produjo en el marco de este caso y entiende que es "un gravísimo atentado" contra el Estado de Derecho. Estos procedimientos -subrayan los abogados- están reservados a casos de terrorismo o en los que puede estar implicado el abogado y no pueden ser aplicados en cualquier circunstancia pues ponen en peligro el derecho a la defensa y suponen una ilegítima vulneración de derechos fundamentales.
El Consejo entiende que las grabaciones de las conversaciones entre Francisco Correa y su segundo abogado tenía que haberlas autorizado el juez Baltasar Garzón en un auto, tal y como lo hizo para intervenir las que mantuvo el presunto cerebro de la trama con su primer letrado, implicado en la causa.
Por ello, según el CGAE, la grabación de las comunicaciones han sido realizadas "fuera de la legalidad vigente" y deberían haber cesado o destruirse al hacerse cargo de la defensa un nuevo letrado.
Por todo ello, el CGAE considera que estas prácticas "repugnan al sentido común y hacen que los ciudadanos pierdan la confianza en el Estado de Derecho".
El órgano que aglutina a todos los colegios de abogados españoles expresó ayer a través de un comunicado su "absoluto rechazo a la violación del secreto profesional en el marco del caso Gürtel". Según la Abogacía, no sólo se han intervenido esas comunicaciones sin apoyo legal, "sino que además se han divulgado a través de los medios de comunicación, sin que nadie haya actuado en defensa de los derechos fundamentales de las personas afectadas, causando un daño irreparable".