EFE
El consejero de Política Social, Mujer e Inmigración, Joaquín Bascuñana, defendió ayer en su comparecencia ante el pleno de la Asamblea Regional la legalidad y transparencia con la que se adjudicó este verano a una empresa privada la gestión del Centro de Emergencias de Mujeres Víctimas de Malos Tratos. Bascuñana, que compareció a petición del grupo socialista, reprochó a este partido que no solicitase información sobre el expediente y que sus argumentos se basen sólo en la denuncia presentada por la empresa que durante ocho años había gestionado ese centro y que se quedó fuera del concurso. El consejero defendió la actuación tanto de la directora del Instituto de la Mujer, Teresa Moreno, como de los funcionarios que tuvieron que acudir al centro para trasladar a las mujeres a otras casas de acogida, ante la negativa de la empresa que se quedó fuera del concurso a abandonar las instalaciones.
Bascuñana negó las acusaciones de presunta prevaricación en la adjudicación y reiteró que fue la Asamblea Regional la que aprobó en los presupuestos correspondientes a este año que la gestión de ese centro se realizase mediante contrato, y no con una subvención nominativa.
Por otro lado, el Gobierno autónomo presentó ayer un proyecto de ley que prevé ayudas de una cuantía máxima de 60.000 euros para las víctimas del terrorismo, con efecto retroactivo a partir del 1 de enero de 1968, dijo la consejera de Presidencia, María Pedro Reverte, en la presentación de esta normativa ante el Pleno.