El parlamentario socialista pide declarar ante el TSJ ´para aclararlo cuanto antes´

Los magistrados que forman la Sala de lo Civil y Penal deben decidir "en breve" si aceptan la investigación

D. C. M. El diputado socialista Bartolomé Soler no ha querido esperar a que la Sala de lo Civil y Penal del TSJ se pronuncie. Antes de que los magistrados decidan si aceptan la causa contra él, el parlamentario ha ordenado a su abogado que haga un escrito para solicitar su comparecencia de forma voluntaria. "Yo soy el primer interesado en querer aclarar este asunto cuanto antes", subrayó ayer Bartolomé Soler.
En este sentido, el diputado socialista se mostró completamente convencido de poder demostrar su inocencia. "Tengo todos mis gastos justificados con documentos y quiero explicárselo a los magistrados -insistió-. Quiero acabar cuanto antes con esta condena que es estar varios mese bajo sospecha".
Más tranquilo se mostró ayer el otro parlamentario implicado, hasta ahora, en la operación Reciclaje. José Antonio Pujante recordó que el informe de la Fiscalía Superior "coincide punto por punto con las explicaciones que he dado desde el principio de este asunto". Por eso, la decisión del fiscal superior no le había pillado por sorpresa. "He confiado en la Justicia desde el primer momento. Siempre he tenido la conciencia absolutamente tranquila porque sabía que yo no tenía nada que ver. Es algo que ya me esperaba", concluyó.
El informe, que se presentó hace poco menos de una semana ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJ, está ya en manos de los magistrados que la forman -el presidente del TSJ, Juan Martínez Moya, y los magistrados Enrique Quiñonero, Julián Pérez Templado y Manuel Abadía-. Ahora, los cuatro deben decidir si siguen las recomendaciones del fiscal superior y prosiguen la investigación únicamente contra el diputado Bartolomé Soler.
La decisión, según fuentes judiciales, podría tomarse "en breve". En caso de que la Sala también vea indicios de delito contra alguno de los diputados implicados, tendría que designarse un magistrado instructor que se encargaría de dirigir las investigaciones.
El titular del Juzgado Mixto número 4 de Lorca -responsable del caso-, se inhibió al TSJ tras advertir la posible implicación de los dos diputados regionales. La condición de parlamentarios -al igual que sucedió con Juan Morales en el caso Totem-, les convierte en aforados y hace que sólo puedan ser investigados por el TSJ y no por los tribunales ordinarios.