La Fiscalía cree que el diputado Soler usó Limusa para sus gastos

DAVID CANELLADA El diputado regional José Antonio Pujante, de IU, podría quedar fuera de la operación Reciclaje -que investiga una presunta trama de corrupción en torno a Limusa, la empresa municipal de limpieza de Lorca-. La Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma, en un informe dirigido a la Sala de lo Civil y Penal del TSJ, señala que no existen indicios de delito respecto del diputado de IU y recomienda a los magistrados que archiven la causa contra él.
No ocurre lo mismo respecto del otro diputado implicado, el socialista Bartolomé Soler. En este caso, el informe del fiscal superior, Manuel López Bernal, entiende que podría haber incurrido en un delito de malversación de caudales públicos y pide a la Sala -el TSJ es el órgano competente para investigar a los diputados dada su condición de aforados- que asuma la investigación.
En el informe, el fiscal superior subraya que existen indicios de delito respecto de Bartolomé Soler, que ocupó el cargo de consejero de administración en Limusa -cuyo director, Francisco Gil Eguino, está considerado como el cerebro de la presunta trama de corrupción- entre el 28 de julio del año 2003 y el 11 de julio de 2007. En concreto, el documento habla de un presunto delito de malversación de caudales públicos "consistente fundamentalmente en la realización de numerosos gastos de comidas, viajes y otros a cargo de la empresa municipal de limpieza". Estos gastos, según el análisis de la contabilidad de Limusa y las declaraciones de algunos de los imputados, "no parecen responder al ejercicio de su función en la citada mercantil". Así, el fiscal solicita a la Sala "que se declare competente" para investigar las presuntas irregularidades cometidas por el diputado Soler "y, por conexión, respecto del resto de los presuntamente responsables del delito de malversación de caudales públicos y conexos".
El juez responsable de la investigación -el titular del Juzgado Mixto número 4 de Lorca- envió un informe al TSJ a mediados del pasado mes de julio en el que se inhibía del asunto debido a la presencia de los dos diputados. En el auto, el magistrado acusaba a Bartolomé Soler de haber participado en viajes y comidas que después se pagaban con fondos de la sociedad municipal. De hecho, en los registros practicados en la sede de Limusa y en el domicilio de Gil Eguino, los agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Policía Nacional hallaron varios documentos clasificados como 'Atenciones Consejero' y facturas con su nombre.
Además, fue el propio Bartolomé Soler el que autorizó al director de Limusa a usar los ordenadores de la empresa de limpieza para llevar la contabilidad de sus sociedades privadas, dedicadas a la venta y promoción de viviendas. Por último, el juez también situaba a Soler en un viaje a Sevilla -en el año 2004-, en el que se cargaron a la empresa municipal importantes gastos en un conocido club de alterne de la capital hispalense.
La presencia en este viaje era, precisamente, el motivo por el que Pujante había sido incluído en la lista de implicados de la operación Reciclaje. Ahora, sin embargo, el fiscal superior entiende que de la mera presencia del diputado de IU en Sevilla "no puede silogísticamente deducirse su asistencia al club de alterne". Esta presencia se había justificado por el elevado importe de la factura que, según los investigadores, "era excesívo para responder a los servicios prestados a una sola persona". El fiscal, sin embargo, recuerda que los recibos están firmados únicamente "por el señor Gil Eguino".
La consecuencia es que el fiscal solicita al TSJ que rechace la causa que afecta a Pujante . No obstante, López Bernal entiende que esa parte de la investigación debe devolverse al juzgado que inició el caso "para que continúe la investigación respecto de José Antonio Pujante y, en su momento, eleve nuevo informe razonado, o proceda al archivo de las actuaciones.