El Ministerio del Interior ha iniciado el proceso para indemnizar a la familia del preso murciano que falleció de Sida cuando cumplía condena en el penal de El Dueso, en la localidad cántabra de Santoña, después de que el Estado español fuese condenado por una resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU.
El dictamen del citado Comité, hecho público el pasado mes de abril, señalaba que "la actitud pasiva de la prisión, que no informó a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias del agravamiento de la salud del interno, D.M., privó a sus familiares de una información que, sin duda, tuvo un impacto significativo en sus vidas".
El Comité obligó al Gobierno español a ofrecer a los familiares "una reparación apropiada, incluida una indemnización adecuada a la violación que se ha producido" y le advertía sobre la obligación "de evitar que se cometan violaciones similares en el futuro".
Ahora, el Ministerio de Interior ha comunicado al abogado José Luis Mazón, que llevó el caso a la ONU en nombre de la familia del fallecido, que el expediente para conceder la indemnización deberá estar resuelto en el plazo máximo de seis meses, según ha sabido Efe.
Mazón ha mostrado hoy su satisfacción "por esta reparación económica que aunque no puede devolver la vida al interno fallecido recompensa en parte el sufrimiento de su familia".
El letrado murciano ha añadido que este preso "falleció dentro de una deshumanizada incomunicación que nunca debió producirse".
Según el informe elaborado por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, D.M. falleció en enero de 1994 sin que sus familiares hubieran visto atendida su petición de que pasara a la situación de libertad condicional por su estado de salud y sin que fueran avisados de su agravamiento antes de que se produjera su óbito.
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