El PP espera que las transferencias de Justicia lleguen a principios de año

EUROPA PRESS El diputado del Grupo Parlamentario Popular, Manuel Campos, anunció ayer, en rueda de prensa, que la negociación de las transferencias de Justicia ha entrado en "su última fase", tras varias reuniones de los equipos técnicos del Ministerio de Justicia y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Al respecto, Campos destacó el "alto grado de entendimiento" entre las dos administraciones que, según comentó, "desembocarán en la adquisición próxima de las competencias cumpliendo los plazos previstos y en las condiciones que la Región de Murcia deseaba y se merece". De este modo, aseguró que en la última reunión mantenida con el Ministerio de Justicia, el 30 de julio de 2009, la consejera de Presidencia y Administraciones Públicas, María Pedro Reverte, transmitió al Ministerio cuáles son las pretensiones de la Región de Murcia que "van a ser estudiadas de inmediato".
Por ello, sostuvo que "estamos en condiciones de asumir las transferencias a fecha de 31 de diciembre de 2009, y empezar a trabajar a partir del 1 de enero de 2010 con presupuesto propio".
"Está concluyendo un largo proceso de trabajo en el que han participado las dos administraciones teniendo como claro destinatario al ciudadano", argumentó el diputado popular, quien explicó que de hecho, el también comisionado regional para las Transferencias de Justicia ha indicado que aún existe "un gran déficit en materia de infraestructuras".
De ahí, expuso, que la consejera "haya exigido la deuda histórica", es decir, "que compense a la Región de Murcia por la menor inversión en Justicia que se ha venido haciedo en comparación con otras autonomías".
Precisó, así, que "tan sólo un tercio de los edificios judiciales de Murcia son de titularidad del Ministerio de Justicia" con lo que, a su juicio, el Gobierno de Zapatero "tendrá que subsanar esta deficiencia".
En esta misma línea, especificó que una de las prioridades de la gestión de la Justicia, una vez sea transferida, será "la digitalización de la administración de Justicia", ya que, sostuvo, "eliminando la lentitud del papel mejoraremos los tiempos y la calidad del servicio".
Para Campos, gestionar las competencias de Justicia es "un nuevo reto que asumirá el Gobierno regional con el único objetivo de mejorar todo lo posible el servicio público que se dispensa al ciudadano que debe de ser el principal beneficiario de todo este proceso".