El secretario del ayuntamiento de Librilla, Marcos Marín Tovar, admitió ante el juez que había llegado a pensar que las adjudicaciones de contratos en el consistorio -que en su gran mayoría recaían en la sociedad Acadi- "podían estar amañados". De hecho, el secretario municipal reconoció en el juzgado, donde declaró el pasado lunes en calidad de testigo, que se le había pasado por la cabeza que Domingo Peñalver -uno de los socios de Acadi- era "el favorito" del alcalde. No obstante, aseguró que no hizo nada al respecto "porque no tenía constancia cierta de ninguna irregularidad".

Marcos Marín -que ocupó el cargo de secretario del consejo de administración de la sociedad municipal Iniciativas para el Desarrollo de Librilla (IDL) hasta el año 2005- recordó ante los responsables de la denominada operación Biblioteca que tomó conciencia del volumen de contratos que se estaban adjudicando a Acadi después del requerimiento hecho por un concejal del PSOE, Francisco Clemente. En concreto, el edil socialista le solicitó información sobre las contrataciones de IDL en una conversación telefónica. El informe, no obstante, no se llegó a hacer porque se requería una petición formal firmada por tres concejales que nunca llegó.

A pesar de ello, el secretario se interesó por las adjudicaciones de IDL y descubrió que éstas iban en masa a Acadi. Sin embargo, no fue esto lo que más le llamó la atención, sino que sólo hubiera una oferta en el tablón del ayuntamiento y que sólo se presentasen tres empresas. Los miembros del consejo de administración de IDL, sin embargo, le aseguraron que se estaba haciendo de esa forma "porque les corría mucha prisa y eso era lo más ágil y rápido".

El propio Domingo Peñalver -socio en Acadi del funcionario de la Comunidad Autónoma José Luis Cano-, ha admitido en dos ocasiones ante el magistrado Andrés Carrillo haber pagado comisiones de 30.000 euros al alcalde de Librilla, José Martínez, al teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Pedro Martínez, y al funcionario municipal que sustituyó a Marcos Marín como secretario de IDL, José Andrés Cortés. Según las declaraciones de Peñalver, las adjudicaciones de obras y proyectos se hacían a dedo en concursos amañados a los que concurrían otras empresas que, en realidad, eran meras pantallas para dar apariencia de legalidad.

El pasado lunes declararon también como testigos los responsables de la sociedad Arquitectura y Control del Mediterráneo S.L., Julio Ballester y José Miguel Fuentes. Esta empresa, en la que también figura como administradora la hermana de José Andrés Cortés, recibió de IDL dos contrataciones relacionadas con el centro de atención a la infancia de la localidad. Además, según un auto del juez responsable del caso, esta sociedad habría actuado como pantalla en algunos de los concursos supuestamente amañados.