DAVID CANELLADA. La ronda de comparecencias sobre presuntas irregularidades urbanísticas en el ayuntamiento de Librilla, del PP, sigue adelante. Ayer fue el turno del que fuera concejal de Patrimonio y Finanzas y miembro del consejo de la sociedad municipal Iniciativas para el Desarrollo de Librilla (IDL), Francisco Warren.
El ex concejal era la cuarta persona encargada de dar el visto bueno a las decisiones de IDL, aunque su nombre es el único que no figura entre las personas que, supuestamente, cobraron comisiones por otorgar los proyectos urbanísticos a la sociedad Asesores de Calidad y Desarrollo de la Ingeniería (ACADI). Los otros tres miembros del consejo -el alcalde, José Martínez; el concejal de Urbanismo, Pedro Martínez; y el funcionario municipal José Andrés Cortés Otálora- fueron detenidos el pasado mes de noviembre después de que uno de los responsables de Acadi, Domingo Peñalver, confesase esta supuesta trama ante el juez.
Ayer, Francisco Warren negó haber participado en el cobro de las comisiones y aseguró que siempre firmaba los concursos "porque pensaba que estaba todo correcto". No obstante, Warren llegó a admitir ante los responsables de la investigación -el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Murcia y el fiscal anticorrupción- que le parecía "extraño" que la gran mayoría de los concursos fuesen siempre a parar a la sociedad Acadi.
La investigación sobre esta presunta trama de corrupción -llamada operación Biblioteca- se centró en el socio de Domingo Peñalver en Acadi, el funcionario de la comunidad autónoma José Luis Cano. Según los investigadores, Cano aprovechaba su condición de funcionario público para otorgar contratos millonarios a la sociedad Acadi.
Peñalver y Cano fueron detenidos a mediados de noviembre. En su declaración ante los miembros del instituto armado, Peñalver confirmó las sospechas de los agentes y reveló que ese mecanismo de adjudicaciones amañadas se extendía también al ayuntamiento de Librilla. Allí, según su testimonio, José Martínez, Pedro Martínez y José Andrés Cortés le exigían pagos "de 30.000 euros" a cambio de otorgar los contratos y proyectos a la sociedad Acadi.
