EFE
La condena establece una multa de 210 euros para cada uno de los ecologistas que participaron en la movilización, que se inició de madrugada y concluyó por la tarde con el desalojo efectuado por la Guardia Civil.
Según la sentencia ha quedado probado que el 20 de noviembre del pasado año, los ecologistas denunciados se concentraron ante Santa María de Garoña, donde se encadenaron para impedir el acceso a las instalaciones.
Carlos Bravo, portavoz de Greenpeace, ha asegurado hoy a EFE que la sentencia será recurrida porque se trató de una acción pacífica y del ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y libre manifestación.