La construcción de 600 viviendas en el núcleo urbano de la ciudad de Cartagena y la ampliación de las factorías industriales del Valle de Escombreras se ve frenada por el momento. Esto es debido la presentación de 55 alegaciones a las medidas transitorias que desbloquean el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). La norma urbanística que había vigente, de 2012, fue anulada por el Tribunal Supremo hace casi dos años, a raíz de una reclamación del empresario cartagenero Tomás Olivo. A raíz de esto, el mapa urbanístico de la ciudad se está rigiendo sobre el Plan de 1987, lo que ha generado una parálisis urbanística sin precedentes.

Técnicos del Ayuntamiento y de la Comunidad Autónoma redactaron este paquete de medidas transitorias en febrero para solucionar el problema, hasta que se redacte una nueva regla urbanística; esto último podrá demorarse varios años. Tras un periodo de exposición pública, en el que se han presentado 55 alegaciones, los técnicos de la Administración regional van a empezar la próxima semana a evaluar el contenido de cada una de las reclamaciones para ver si son válidas a nivel jurídico y pueden entrar a formar parte del paquete de medidas transitorias que tiene que aprobar el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia para desbloquear la parálisis urbanística de la ciudad. La alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, anunció en febrero que su intención es que este nuevo reglamento se aplicase antes de primavera. Sin embargo, los plazos se están dilatando en el tiempo.

Piden paralizar el proceso

Una de las 55 alegaciones presentadas ha sido formulada por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca (Favcac). En su escrito, reclaman que no se apliquen las medidas transitorias y que se trabaje por redactar un nuevo Plan Urbano. El presidente del colectivo, Leandro Sánchez, fundamenta la postura vecinal señalando que «las medidas transitorias han sido acordadas por los promotores urbanísticos y la industria química de Escombreras, sin tener en cuenta a todos los colectivos de la ciudad».

A su juicio, «esto hace que se de amparo a la especulación urbanística y que se de carta blanca a la expansión de las empresas del Valle de Escombreras». Sobre todo, a Sánchez le preocupa que las factorías de este polo industrial tengan la posibilidad de doblar su tamaño, y acaben «asfixiando» a los núcleos de población que tienen más próximos, como es el caso de Alumbres, donde viven unas 2.000 personas. «Tenemos el miedo de que esta media ley que suponen las medidas transitorias sirva de base en la redacción del nuevo Plan Urbano, y acabe lastrando el desarrollo de Cartagena», dice.

Para evitar esto, la Federación Vecinal propone que «no se pierda más el tiempo y se trabaje en la redacción del nuevo PGOU». Para ello, reclaman que se abra un proceso de participación ciudadana en el que estén representados todos los colectivos sociales y empresariales de la ciudad. Así se lo transmitió anteayer Sánchez a la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, que se reunió con el recién elegido presidente vecinal en el Palacio Consistorial. Sánchez también le manifestó que para garantizar la transparencia y legitimidad del nuevo marco urbanístico será necesario contratar a una empresa externa especializa en estos asuntos que haga de árbitro entre todos los agentes implicados. «Los vecinos queremos plasmar el diseño de la ciudad que queremos en el nuevo Plan Urbano, y también exigimos que sean arquitectos de reconocido prestigio quienes definan el modelo de ciudad que demandamos», concluye Sánchez.

Una de las primeras cosas que los vecinos han indicado que quieren cambiar de la Cartagena del mañana es que, aprovechando las obras del AVE, se modifique el trazado ferroviario actual para que el paso del tren no sea un «muro» para el desarrollo de zonas como Torreciega, Barrio Peral o Las Seiscientas.