El grupo municipal de Ciudadanos en Cartagena ha anunciado que defenderá en el próximo pleno una moción «para combatir con determinación el aumento de los delitos contra el patrimonio y el deterioro de convivencia vecinal relacionados con las ocupaciones ilegales en el municipio».
En concreto, la formación naranja exigirá la puesta en marcha de un Plan de Protección de la Convivencia y Seguridad Vecinal contra la ocupación ilegal que incluya, entre otras medidas, la creación de una Oficina de Defensa de los Derechos de los Vecinos afectados por la Ocupación Ilegal, como órgano encargado de velar por la seguridad y la convivencia vecinal.
Cs sostiene que esta oficina debe contar con una unidad de seguimiento contra las ocupaciones ilegales para coordinar la vigilancia e instruir los expedientes administrativos que acrediten los hechos contrarios a las ordenanzas en materia de convivencia y de protección ciudadana.
Más presencia policial
La propuesta de Ciudadanos incluye que se refuerce de forma inmediata la presencia policial y el patrullaje preventivo en las zonas afectadas por el problema de la ocupación y que en el plazo máximo de tres meses se inicien los trabajos para la elaboración de un censo de viviendas ocupadas cuantitativo y cualitativo, donde se indique el tipo de ocupación, diferenciando las ocupaciones mafiosas de las personas que las realizan por razones de necesidad. Todo ello respetando la normativa sobre protección de datos.
Según el portavoz de Ciudadanos en Cartagena, Manuel Padín, «este grupo municipal ha podido comprobar de primera mano que el fenómeno de la ocupación ilegal y violenta está creciendo en Cartagena; el último ejemplo lo estamos viviendo desde hace tiempo en Pozo Estrecho, zonas del centro de Cartagena y en La Palma, donde pudimos hablar con los vecinos que están desesperados y atemorizados».
«En algunos casos», continúa Padín, «esta ocupación está promovida por grupos de delincuencia organizada, como intermediarios que tratan de obtener un lucro aprovechándose de la desesperación de muchas familias que carecen de vivienda o que la han perdido en un desahucio, o utilizando el inmueble como base de operaciones para otras actividades criminales, como el tráfico de drogas en los llamados narco-pisos».
Propietarios desprotegidos
Para la formación naranja, este crecimiento en los casos de ocupaciones ilegales tiene su origen, por un lado, en una carencia de instrumentos legales que permitan reaccionar una vez constatadas y promover un desalojo efectivo y ágil de los inmuebles y, por otro, en una escasez de medios humanos y materiales para detectar estas ocupaciones y ejecutar las correspondientes órdenes de desalojo.
El portavoz asegura que «la falta de respuesta por parte de los poderes públicos genera una sensación de desprotección tanto para los legítimos propietarios como para los vecinos, así como de impunidad para las mafias que realizan este tipo de actividades delictivas».
