Los técnicos de la Dirección General de Bienes Culturales están concluyendo el proceso de catalogación de la antigua cárcel de San Antón y, «en breve», se expondrá en audiencia pública para que se puedan presentar alegaciones. Una vez finalizado ese proceso, que durará unas dos semanas tras concluir el informe, éste se dará por finalizado conforme establece la Ley. Es la situación en la que se encuentra el expediente que debe determinar si además del pabellón de entrada y las cinco garitas de la cárcel, también se incorporan al grado de protección los muros del complejo.

Desde el departamento dependiente de la Consejería de Cultura señalaron que «los tiempos son los que son y hay que dejar trabajar a los técnicos, que son auténticos expertos en la materia, para que elaboren los informes correspondientes y podamos cerrar el documento y sacarlo a exposición pública». «A partir de ahí, que se presenten las alegaciones que se tengan que presentar y se trabajará sobre ellas», añadieron.

Desde los colectivos y partidos que ya alegaron contra un primer informe de protección siguen siendo escépticos con las medidas que se están tomando. Fue Cartagena Sí Se Puede (CTSSP), quien abanderó una moción que obliga al Ayuntamiento a crear una mesa de trabajo que se encargue de estudiar la viabilidad de comprar de nuevo la prisión al empresario que la adquirió en subasta del Ministerio de Interior por 563.500 euros.

De hecho, desde la formación promovida por Podemos, su concejal Teresa Sánchez señaló que el informe de inventariado, con el que se protegen las garitas y el edificio de acceso, contó con alegaciones por parte de los colectivos y su propio partido, aunque no se contestaron y prescribió el documento. No obstante, desde Bienes Culturales insisten en que los técnicos pueden inventariar aún los muros, si así lo estiman oportuno.

Mientras, desde CTSSP siguen a la espera de que se ponga en marcha la mesa municipal para estudiar la adquisición del inmueble a través de permuta, cesión o compra, con el objetivo de convertirla en un espacio de uso íntegramente sociocultural. Dicha mesa o comisión estaría compuesta por el Gobierno, los grupos municipales, los técnicos pertinentes, la plataforma La Cárcel No Se Vende y el actual propietario de la cárcel o sus representantes.