El desbloqueo de la parálisis urbanística que azota al término municipal de Cartagena desde que el Tribunal Supremo anulase en 2016 Plan General de ordenación Urbana (PGOU) ya enfila su recta final.
La comisión técnica designada por Comunidad Autónoma y Ayuntamiento para resolver el problema dio luz verde ayer al documento municipal que incluye medidas transitorias al Plan vigente, que es el del año 1987, permitiendo así que la ciudad siga tramitando proyectos clave para su economía a corto y medio plazo, mientras que no se redacte la nueva norma urbanística.
No obstante, pese a este visto bueno de las administraciones, las nuevas normas aún no han entrado en vigor. Ahora comienza la fase de tramitación de aprobación de las medidas transitorias por parte del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia.
La alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, confía en poder desbloquear la situación antes de primavera. Para ello, la regidora presiona a la Comunidad Autónoma para que saque ya las normas adelante. El Gobierno regional se compromete a agilizar los trámites para aprobar las medidas transitoria del Plan General «lo más pronto posible», pero no dan una fecha concreta. Pese a no haber plazos sobre la mesa, la secretaria general de la Consejería de Fomento, Yolanda Muñoz, da por garantizado el desbloqueo a la parálisis urbanística de Cartagena antes de que acabe 2018.
La voluntad del Ejecutivo regional es aprobar las normas transitorias en el menor tiempo posible «para lo que agilizaremos al máximo los plazos», resalta la secretaria general. Así, se solicitará a todas las consejerías implicadas que las estudien en paralelo con el fin de que sean sometidas a información pública cuanto antes y, a continuación, serán analizadas por la Dirección de los Servicios Jurídicos, previamente a ser remitidas al Consejo de Gobierno para su aprobación.
Las normas transitorias son una figura urbanística excepcional prevista en la nueva Ley del Suelo de la Región de Murcia, y tiene un carácter temporal durante el plazo de elaboración del nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Este instrumento fue propuesto por la Comunidad con un triple objetivo: garantizar la seguridad jurídica, proteger el patrimonio histórico-cultural y el medio ambiente, y preservar la actividad económica y residencial del municipio.
Castejón concreta los proyectos de los que se va a beneficiar la ciudad gracias a las medidas transitorias. La regidora expone que una vez que entren en vigor, las principales beneficiarias se las empresas del Valle de Escombreras, ya que en este paquete de enmiendas se modifican las condiciones de edificación en cuanto a altura y separación de linderos. Esto propiciará que las factorías puedan obtener los permisos para ampliar sus instalaciones en este polo industrial. La alcaldesa avanza que habrá tres inversiones en el Valle que sumarían un montante total de 33 millones de euros. La empresas Ecocarburantes y Aemedsa ya han mostrado su necesidad de ampliar sus factorías.
En cuanto al sector de la construcción, la alcaldesa detalla que estas medidas transitorias permitirán construir más de 600 viviendas en el término municipal. Éstas se repartirían en 13 grandes proyectos urbanísticos, principalmente en el área metropolitana central de Cartagena. Esto, según la dirigente, daría cabida a inversiones urbanísticas por un valor estimado de unos 100 millones de euros. Las mejoras que se van a hacer en Escombreras y la construcción de pisos en la ciudad van a suponer una «reactivación» del mercado laboral, según Castejón.
