El concejal de Cartagena Sí Se Puede Francisco Martínez, que es el presidente de la comisión del Ayuntamiento que investiga las presuntas irregularidades de la sociedad municipal Casco Antiguo, da por perdido el dinero que la promotora Residencial Puerta Nueva debe al Ayuntamiento por las plusvalías de la venta de los inmuebles del Barrio Universitario.

La empresa vinculada al exalcalde José Antonio Alonso, investigado por la trama Púnica, fue condenada por la Justicia a pagar al Consistorio 1,9 millones de euros, importe al que habría que sumarle unos 300.000 euros más, debido a los intereses. «Los promotores han descapitalizado a la empresa con su entramado societario, y, en caso de que tengan dinero, Hacienda será la primera en cobrar, por lo que no habrá fondos suficientes para que el Ayuntamiento reciba las plusvalías», lamenta el edil Martínez.

El concejal de Cartagena Sí Se Puede ha elaborado un informe técnico sobre las presuntas irregularidades de Casco Antiguo. Él las enumera: Puerta Nueva, las expropiaciones, Cartagena Joven... «Como mucho se podrán depurar responsabilidades políticas, porque cualquier delito penal está más que prescrito», sentencia el edil de la oposición. Martínez se queja de que el resto de partidos políticos no presentaron ayer ningún informe a en la comisión de investigación de Casco Antiguo.

PP y Ciudadanos no apoyaron el documento presentado por el edil de Cartagena Sí Se Puede, mientras que MC y PSOE votaron en contra, aunque se comprometieron a analizar las 14 páginas de este informe elaborado por Martínez, quien se quejó de que «tanto PP como Ciudadanos votaron que 'no' incluso antes de leerlo». El edil emplaza al próximo martes el anuncio de las conclusiones de la comisión, aunque adelanta que al misma no ha contado con la colaboración de los investigados, ya que la mayor parte de ellos han declinado participar en ella.

«De momento, mantenemos la idea de disolver Casco Antiguo y nuestra intención es que los servicios jurídicos del Ayuntamiento analicen el informe final, que aprobaremos el martes, para ver si se puede exigir alguna responsabilidad en los juzgados. Una vez que los abogados nos asesoren, someteremos a pleno las medidas que creamos oportunas adoptar», concluyó el presidente de la comisión.