Veintitrés preguntas planteadas por Cartagena Sí Se Puede (CTSSP) sobre vertederos ilegales y residuos de la construcción llevaron ayer a la concejala de Medio Ambiente, Obdulia Gómez, a reconocer que el Ayuntamiento «no tiene capacidad para controlar todas las obras que se llevan a cabo en el municipio y el destino de los residuos generados», salvo llevando un control de la documentación que presentan las compañías.

Gómez aclaró que los responsables del servicio municipal están controlando la gestión de este tipo de residuos conforme a la normativa, aunque afirmó que «es imposible seguir a cada transporte de cada obra pública o privada». En este sentido, reclamó más personal en el área para poder cubrir más territorio, para lo que emplazó a la oposición para que apoye los presupuestos municipales de este año -aun pendientes- para poder disponer de más efectivos para llevar a cabo las inspecciones.

Y es que, según los datos ofrecidos por la edil de Medio Ambiente, durante los dos últimos años se han producido 273 expedientes sancionadores relacionados con los residuos de la construcción, a través de la documentación que aportan y los informes que detalla la Policía Local ante cualquier irregularidad. De hecho, Gómez señaló que en el Ayuntamiento no disponen de un registro de empresas de gestión final de los residuos, ya que actualmente no existe ninguna en el municipio con todos los permisos concedidos, aunque sí hay 4 ó 5 que los han solicitado.

Asimismo, la edil de Medio Ambiente reconoció que tampoco se conoce si las empresas que se contratan para la gestión de estos residuos cuentan con expedientes sancionadores, aunque aclaró que, en vista de esta situación, se propondrá que antes de la adjudicación y en los pliegos las empresas deban indicar que se ajustan a la legalidad, así como las compañías con las que subcontraten los servicios.

De igual forma, las preguntas de CTSSP hablaron de poner «sanciones ejemplares» a las empresas que incumplan la ley. En este sentido, Gómez aclaró que la ordenanza ya establece multas de 900 a 45.000 euros en estos supuestos, «aunque las compañías suelen recurrir si la cuantía es alta y los tribunales suelen determinar una sanción menor a la estipulada por el Ayuntamiento», explicó.

Borrador de ordenanza

No obstante, la concejala de Medio Ambiente avanzó que ya se cuenta con un borrador de la nueva ordenanza que debe regular estas infracciones y que se pasará a los servicios del Ayuntamiento para que puedan hacer también sus aportaciones.

La edil señaló que es necesaria una campaña de información y concienciación con las empresas dedicadas a estos trabajos, aunque insistió en la necesidad de contar con presupuesto para poder llevarla a cabo. Finalmente, Gómez rechazó la creación de un registro de vertederos ilegales, como proponía CTSSP, al entender que «no sería útil», ya que se trataría de establecer las condiciones de los vertederos, sus límites y otros aspectos. Sí que vio utilidad en un listado de estas parcelas y reconoció que «se puede mejorar el control sobre los residuos».