Dos funcionarios de la Agencia Tributaria estatal acudieron ayer a la Asamblea Regional para entregar a José Cabezos, exconcejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Cartagena durante la etapa de Pilar Barreiro, la notificación judicial para su declaración, en calidad de investigado, ante la titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo, donde se investiga el caso Pokemon.
Cabezos, que fue uno de los hombres fuertes de Barreiro durante los años que gobernó la ciudad portuaria, a cargo de concejalías como Cultura, Interior o Seguridad Ciudadana y siendo vicealcalde en su última etapa en el Consistorio, es ahora trabajador del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional.
La declaración se producirá el próximo 7 de mayo, a través de videoconferencia, según fuentes consultadas por esta Redacción.
El exconcejal, junto la exalcaldesa Barreiro y los exediles populares Agustín Guillén, María Ángeles Palacios y José Vicente Albaladejo, será investigado por su supuesta participación en unos viajes pagados por la concesionaria del servicio del agua, Hidrogea, a distintas ciudades como Nueva York, Atenas, Barcelona, Zaragoza y Madrid. En la causa se investigan los delitos de tráfico de influencias y cohecho.
La presencia de los dos funcionarios estatales en la Asamblea causó revuelo en la mañana de ayer, ante los rumores de que se podría estar practicando un registro en las dependencias del Grupo Parlamentario Popular. Fuentes del PP señalan que los dos empleados de la Agencia Tributaria (del servicio de Vigilancia Aduanera) simplemente acudieron a entregar la notificación.
La trama llega a Cartagena
Se trata del primer paso directo que ha dado el Juzgado de Instrucción 1 de Lugo para indagar la gestión de los equipos de Gobierno dirigidos por la exalcaldesa Barreiro (PP) en mayoría absoluta, al menos entre 2005 y 2012. En concreto, las pesquisas han revelado que tanto la aún senadora como miembros de su equipo de Gobierno disfrutaron presuntamente de «viajes de placer» a ciudades de Europa y América con los gastos pagados por Aquagest, ahora Hidrogea.
Los investigadores hablan de que la trama refleja «continuos pagos de prestaciones de servicios» de la empresa a los políticos durante años. Se da la circunstancia de que dos años antes de los viajes examinados, en 2003, el pleno municipal de Cartagena aprobó una prórroga de 25 años en el contrato de Aquagest, a pesar de un informe en contra del Consejo Jurídico de la Región. Así, los investigadores hablan de que esos viajes se pueden relacionar «con la toma de decisiones o la elaboración de informes por parte de las personas que son invitadas a los mismos», lo que pudo beneficiar a la concesionaria. Ante este panorama, el resto de partidos locales y regionales no han dudado en pedir responsabilidades. Tanto es así que Cartagena Sí Se Puede (CTSSP) exigió a través de una rueda de prensa urgente «la anulación de la ampliación del contrato».
