La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), máximo accionista de Navantia, y la dirección de los astilleros públicos han convocado para el día 22 de enero a las federaciones sindicales con representación en la compañía naval para negociar el nuevo plan estratégico industrial, que abarcará el futuro de la firma para los próximos cinco años, hasta 2022. La mesa de negociación se convoca tras adelantar Navantia una parte del pago del plus de antigüedad que les adeudaba a los trabajadores que llevan en la empresa desde la época de Bazán. La compañía fue condenada por la Justicia a pagar este concepto denominado 'asimilaciones', pero no hacía frente a este dinero debido a las restricciones presupuestarias a las que la somete el Estado. Los obreros esperan que se les reintegre el total de lo adeudado antes de que acabe enero.
Los sindicatos apuntan que los astilleros de Cartagena afrontan las negociaciones trabajando a pleno rendimiento, soportando una carga del 100% de su capacidad. Sin embargo, en las otras factorías que la empresa tiene en España, el volumen laboral es uno de los principales quebraderos de cabeza de los obreros, ya que demandan mayor número de encargos. Aquí, los astilleros trabajan en la fabricación de los nuevos submarinos S-80 y esperan cerrar contratos millonarios para construir fragatas para Australia y Arabia Saudí. Asimismo, en reparaciones acaban de comenzar la gran carena del sumergible Mistral, también reparan numerosos yates, entre ellos el velero más grande del mundo, y pronto mejorarán dos grandes cargueros.
La empresa pública apeló ayer a los trabajadores para «lograr un amplio consenso», ya que consideran que «el plan será clave para impulsar la competitividad y asegurar el porvenir de la compañía». Los accionistas y la dirección de la marca ya tienen redactado el plan, y avanzan que «tendrá ambiciosos cambios que requiere la factoría para adecuarse a las actuales condiciones del mercado y así lograr que la misma sea viable». Navantia perdió más de 300 millones de euros en 2016, cifra muy similar al pasado ejercicio. Según la compañía, «el plan es una apuesta decidida por potenciar Navantia». Así, los directivos avanzan que «la empresa y los trabajadores tendrán que asumir profundos cambios y adaptarse a las necesidades de los astilleros». Con todo esto, Sepi y Navantia pretenden «reforzar la eficiencia y la viabilidad de la compañía, potenciado su impacto sobre las áreas económicas donde se ubican sus factorías». Las instalaciones de Navantia se ubican en la ría de Ferrol, en la bahía de Cádiz (dos) y en Cartagena, mientras que las oficinas centrales están en Madrid.
Líneas rojas de los sindicatos
La negociación del nuevo plan industrial no se antoja fácil, ni para empleados, ni para la compañía; por lo que ambas partes vaticinan que no se resolverá de forma rápida. Los sindicatos exigen que el mismo sirva para elaborar un convenio laboral único para el personal de Navantia de toda España, ya que el que había fue anulado en los tribunales. Igualmente, piden que se mejoren las condiciones labores de los empleados de las empresas auxiliares. Además, reclaman una estrategia para rejuvenecer la plantilla, otro que garantice el mantenimiento de todos los centros con suficiente carga de trabajo y una capitalización de la compañía, que ahora mismo se financia con préstamos participativos del Estado. Por último, los sindicatos reclaman que haya representación del Gobierno de España en la mesa de negociación; y quieren que incluso los representantes de la Administración que acudan sean del máximo rango, para que tengan la capacidad de decisión suficiente para ejecutar de forma inmediata las decisiones oportunas. Desde la empresa pública no confirman la presencia de ningún representante estatal en esta mesa de negociación del plan industrial que arranca en diez días.
