Rechazo a remunicipalizar el servicio de aguas anulando la prórroga de la concesión a Hidrogea porque el Consistorio no tiene recursos para prestarlo y se arriesgaría a una demanda de la empresa de hasta 100 millones de euros por lucro cesante. Es la postura que adoptó ayer la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, tras conocerse el pago de viajes a la exalcaldesa Pilar Barreiro y a otros concejales de sus equipos de Gobierno por parte de la empresa concesionaria del agua, según los investigadores de la trama de corrupción Pokemon.
La regidora anunció que todavía no dispone del informe solicitado a los técnicos municipales sobre si es posible anular esa prórroga hasta 2042, pero adelantó que el Consistorio no podría asumir el servicio a partir del próximo diciembre -el día 26 es cuando se debería prorrogar la concesión- porque no cuenta con los medios humanos ni económicos para llevarlo a cabo.
Así, el caso Pokemon ha salpicado de forma directa a Cartagena. Concretamente, los investigadores de la trama que dirige el Juzgado de Instrucción 1 de Lugo indagan sobre la gestión de los equipos de Gobierno dirigidos por la exalcaldesa Barreiro (PP) en mayoría absoluta, al menos entre 2005 y 2012. En concreto, han revelado que tanto la aún senadora como miembros de su equipo de Gobierno disfrutaron de «viajes de placer» a ciudades de Europa y América con los gastos pagados por Aquagest, ahora Hidrogea.
Los mismos investigadores hablan de Agustín Guillén (exconcejal y exvicealcalde), María Ángeles Palacios (exconcejala y exconsejera del Gobierno regional), José Cabezos (exconcejal y exvicealcalde), José Vicente Albaladejo (exconcejal) y María Dolores Soler (exconcejala y exdiputada regional), como miembros del PP involucrados en esta trama, que refleja «continuos pagos de prestaciones de servicios» de la empresa a los políticos durante años. Se da la circunstancia de que dos años antes de los viajes examinados, en 2003, el pleno municipal de Cartagena aprobó una prórroga de 25 años en el contrato de Aquagest, a pesar de un informe en contra del Consejo Jurídico de la Región. Así, los investigadores hablan de que esos viajes se pueden relacionar «con la toma de decisiones o la elaboración de informes por parte de las personas que son invitadas a los mismos», lo que pudo beneficiar a la concesionaria.
Ante este panorama, el resto de partidos locales y regionales no han dudado en pedir responsabilidades. Tanto es así que Cartagena Sí Se Puede (CTSSP) exigió a través de una rueda de prensa urgente «la anulación de la ampliación del contrato con Hidrogea hasta 2042», que el Gobierno debería llevar a pleno para hacerla efectiva antes del 26 de diciembre. Asimismo, desde la formación promovida por Podemos recordaron que, además, el PSOE tiene pendiente, tal como propuso en una moción aprobada en noviembre del año pasado, un informe sobre las consecuencias jurídicas y económicas de anular ese contrato. «La prórroga, para nuestro partido, es absolutamente ilegal, cuenta con dos informes jurídicos en contra, y es por esa razón que nuestro grupo presentó un recurso de nulidad ante el Ayuntamiento que no fue contestado, obligándonos a ir a un contencioso administrativo en el que actualmente estamos inmersos», explicó la portavoz de CTSSP, Pilar Marcos.
En este mismo sentido, desde la formación morada exigieron una auditoría completa del servicio de la concesionaria y que el Gobierno local, personado en la causa Pokemon, «emprenda cuantas actuaciones judiciales se valoren oportunas en defensa del interés general de los cartageneros».
Además, Castejón criticó a CTSSP, que apoyó su investidura como alcaldesa el año pasado con el compromiso, según la formación morada, de la anulación de la prórroga en cuestión. Según la regidora, el compromiso al que llegó fue estudiar su viabilidad y adelantó que, aunque no se va a separar «ni un milímetro» de los informes que le presenten los técnicos, no puede ni debe «hacer ninguna actuación que lleve al Ayuntamiento a la quiebra».
«¿Qué más debe hacer Barreiro?»
«¿Qué más debe hacer Barreiro?»Sobre la revelación de que la exalcaldesa y actual senadora Barreiro se benefició supuestamente de viajes pagados por Hidrogea junto a otros exconcejales de su partido, Castejón tildó esa actuación de «indecente, imperdonable e indigna» en el caso de que se confirme.
Asimismo, la regidora se preguntó «qué más tiene que pasar para que Barreiro se vaya ya o que su partido le diga que se tiene que ir». Finalmente, la alcaldesa anunció que los servicios jurídicos del Consistorio determinarán las acciones que salvaguarden los intereses de los cartageneros.
Desde la empresa evitaron hacer cualquier declaración al respecto.
