Los trabajadores de los astilleros públicos Navantia aún están a la espera de que la empresa les abone el plus de antigüedad correspondiente a los últimos cuatro años. Este complemento salarial, denominado 'asimilaciones', es un derecho laboral que tienen el 70% de los obreros de la planta de Cartagena, unos 800 empleados, que ya estaban en la época de Bazán. Navantia fue condenada a hacer frente a este pago en 2016 por el Tribunal Supremo, pero no lo ha asumido todavía porque abonar este dinero superaría el tope de gasto salarial que le impone el Estado. Las 'asimilaciones' suponen un coste de unos cinco millones de euros para la empresa, ya que afectan también al personal de los astilleros de Ferrol y San Fernando. La dirección de la firma se ha comprometido a pagar esta deuda en un futuro, pero los obreros reclaman que se les abone ya.
Eduardo Aranda, portavoz de los empleados, como presidente del Comité de Empresa, explica que confían en que el Ministerio de Hacienda libere el dinero de forma «inmediata» para que Navantia pueda cumplir con sus asalariados. Aranda expone que el pago de las 'asimilaciones' es una condición «indispensable» antes de que se cierre el nuevo convenio colectivo, que definirá el marco laboral por el que deben regirse los trabajadores de la empresa en el aún por definir nuevo plan industrial.
Los empleados se reunirán hoy con el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, que visitará por primera vez la factoría de Cartagena. «Queremos que López Miras, que es del mismo partido que el Gobierno de la Nación, el PP, se comprometa a que el Ministerio dé el dinero para que se nos pague ya el plus de antigüedad», sostiene Aranda, que reclama también que «hace falta un compromiso político firme para impulsar los astilleros públicos». Ya se ha anunciado que Navantia prevé una facturación de 11.000 millones de euros para los próximos cuatro años. Este volumen de negocio vendría directamente del Gobierno de España, que tiene previsto encargar quince buques.
Los trabajadores llevan ya más de un año de hostilidades con la dirección de la empresa. De hecho, ejercen «medidas de no colaboración», por lo que no hacen horas extras; algo que ha retrasado la fabricación de algunos de sus buques. Los accionistas de la compañía pública, que es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y la dirección de Navantia llevan varios meses tratando de convencer a los sindicatos para que se sienten a negociar un nuevo convenio colectivo, que sería. La sentencia del Supremo ratificó la derogación del que estaba vigente y obligó a seguir con el tercero, que aún sigue en activo.
Los obreros, abiertos a negociar
Los trabajadores se han negado hasta ahora a hablar con los gestores de la compañía hasta que no cobren las 'asimilaciones', que se recogen en el convenio vigente. No obstante, el presidente del Comité de Empresa sostiene que «nosotros estamos preparados para sentarnos ya a negociar con la empresa el nuevo convenio colectivo, pero necesitamos que exista un compromiso firme por escrito de que la Dirección General de Costes, dependiente del Ministerio de Hacienda, va a dar el dinero para que se nos pague el plus de antigüedad». Tanto la directiva de Navantia como los obreros coinciden en que el nuevo convenio colectivo y el próximo plan industrial tienen que definirse antes de que acabe este año 2017.
«No podemos sentarnos a negociar el cuarto convenio colectivo cuando aún no se ha cumplido la totalidad del tercero, que es el que contiene las 'asimilaciones'», sostiene Aranda. La empresa prevé la salida por jubilaciones de la quinta parte de su plantilla en los próximos cuatro años y está dispuesta a rejuvenecer la misma, aunque estiman que el número de altas será bastante inferior al de bajas.
