Tribunales

Segado queda absuelto del delito de prevaricación sobre el antiguo cuartel de La Azohía

El juzgado también quita responsabilidad al exgerente de Urbanismo y a una letrada municipal al no tener capacidad jurídica de dictar resoluciones

10.10.2017 | 04:00
Segado queda absuelto del delito de prevaricación sobre el antiguo cuartel de La Azohía

El exconcejal de Urbanismo y actual presidente del PP de Cartagena Joaquín Segado, el exgerente de Urbanismo del Ayuntamiento Jacinto Martínez Moncada y una abogada municipal han sido absueltos del delito de prevaricación administrativa por la expropiación de la parcela del antiguo cuartel de la Guardia Civil de La Azohía.

Así lo comunicó ayer en sentencia el titular del Juzgado de lo Penal número 2, que ha descartado que los acusados actuaran ilegalmente al revocar la licencia otorgada en 2005 a la empresa Apartamentos Turísticos La Azohía para construir en el solar del antiguo cuartel, determinando posteriormente destinar este suelo como equipamiento público.

El fallo, que es recurrible, descarta también la responsabilidad civil puesto que no hay responsabilidad penal, por lo que los tres cargos absueltos no tendrán que abonar ningún tipo de indemnización a la empresa querellante.

El juez ha considerado que ni Martínez Moncada, que fue suspendido de su cargo en la gerencia de Urbanismo tras decretarse la apertura de juicio oral en este caso, ni la abogada municipal tienen capacidad jurídica para dictar resoluciones, por lo que «difícilmente pueden ser condenados como autores del delito de prevaricación».

Igualmente, la sentencia reseña que en las pruebas practicadas en la vista, celebrada el pasado mes de septiembre, no existen elemento alguno que permita concluir a ciencia cierta que los tres acusados actuaron de común acuerdo, puesto que tal extremo ha sido negado «hasta la saciedad» por ellos, no hay un «solo testigo» que lo manifieste ni un «solo documento administrativo, conversación, correo electrónico» que lo demuestre.

Responsabilidad del pleno
El fallo ha señalado que fue el pleno del Ayuntamiento de Cartagena el que, «con una técnica muy poco afortunada», modificó la calificación de un terreno, perjudicando «claramente» a la empresa, pero rechaza que esta decisión tenga que suponer la existencia de una responsabilidad penal por parte de los querellados.

Por todo ello, el juez concluye que el acusado no firmó el decreto de caducidad de la licencia del terreno sabiendo que había dictado una resolución injusta, grosera, no susceptible de ser salvada por vía de interpretación o de discusión jurídica, que son las actuaciones que la jurisprudencia considera incluida en el delito de prevaricación.

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