Las partes han llegado a un acuerdo en el caso Cala Cortina, en el que se juzgaba a cinco agentes del Cuerpo Nacional de Policía de la comisaria de Cartagena como presuntos autores de la muerte de Diego Pérez, un vecino del barrio de Las Seiscientas.

Estaba previsto que el juicio del 'caso Cala Cortina' diera comienzo la semana próxima. El juicio mastodóntico, con más de sesenta testigos y una treintena de peritos, nunca llegará a celebrarse. Las partes han llegado a un acuerdo.

El pacto alcanzado entre acusadores y defensores puede verse como una consecuencia de la acreditada imprevisibilidad del tribunal popular. Es más que probable que no se hubiera alcanzado semejante acuerdo de haber estado el caso destinado a juzgarse por un tribunal profesional. Nadie se fía de los tribunales populares. Más vale pájaro en mano. Los agentes firmaron ayer el acuerdo y han sido citados hoy en los juzgados cartageneros para ratificarlo.

Ha sido la Fiscalía quien ha pilotado este acuerdo, a sabiendas de la división de pareceres reinante en la ciudad portuaria respecto a la culpabilidad de los agentes. Eso sí, tanto el Ministerio Público como la acusación particular tenían sus líneas rojas.

Los agentes serán condenados a 2 años de prisión por homicidio imprudente y 2 años por detención ilegal. Los acusados, pues, se convierten en secuestradores confesos. No condujeron a Diego Pérez a Cala Cortina para hacerle un favor, como decían. Para que se calmara. Porque quería ver el mar. Lo secuestraron.

Una clara motivación para el acuerdo por parte de la familia de Diego Pérez viene dada por la posibilidad de que los agentes quedaran exonerados del cargo de homicidio, siendo condenados solo a la detención ilegal. En ese caso, no hay lugar a indemnización. Al declararse también culpables del homicidio, los agentes habrán de indemnizar a la familia de Diego con 450.000 euros. 250.000 serán para los hermanos, 200.000 irán a la hija de Diego, una adolescente que vive con unos tíos. Ha sido crucial en las negociaciones el que los agentes hayan abonado ya 60.000 euros.

La detención ilegal acarrea un mínimo de 4 años de prisión, pero se han considerado los atenuantes de confesión y el de haber abonado ya la mencionada cantidad.

La cuestión de la inhabilitación ha resultado uno de los puntos calientes de la negociación. Los agentes se asían al uniforme. Pero se toparon con una línea roja de Fiscalía y acusación. La sentencia contemplará la inhabilitación, absoluta y especial. Adiós a su condición de funcionarios. Adiós al Cuerpo Nacional de Policía. Los agentes de Cala Cortina ya nunca más serán agentes.

Los acusados cumplieron un año y dos meses de prisión provisional, por lo que aún deberían ingresar hasta cumplir al menos tres años. Tanto el Ministerio Público como la acusación particular, a manos del letrado cartagenero Francisco Belda, pedirán el nuevo ingreso en prisión.

¿Pero entonces han confesado haber matado a Diego? Sí y no. Se ha llegado a una fórmula de consenso. Una frase ambigua y fastidiosa. Los agentes confiesan haber causado la muerte de Diego «por acción u omisión». Es decir, que o bien le dieron muerte o bien simplemente le negaron el auxilio preciso una vez que se puso en riesgo al echar a correr por los montes que rodean Cala Cortina. Esta última fue siempre la versión de los acusados. Aunque se avienen a la fórmula con esa desasosegante disyunción. O bien pasó una cosa o pasó la otra. Pero eso ya lo sabíamos. El caso Cala Cortina se cierra con esa 'u', la vocal que, precisamente, queda turbadoramente abierta.