Homicidas imprudentes. Los cinco policías nacionales acusados en el caso Cala Cortina, en el que Diego Pérez encontró la muerte en la citada playa en marzo de 2014, han aceptado el acuerdo alcanzado por la Fiscalía, la acusación particular y las defensas por el que reconocen los delitos de hominicio por imprudencia y detención ilegal.

Así ha quedado fijado tras la vista oral celebrada en la mañana de este viernes en la sección quinta de la Audiencia Provincial, donde los cinco acusados dieron su conformidad y asumieron las penas. Ahora queda por ver la resolución del magistrado Jacinto Aresté, quien deberá posicionarse en sentencia sobre si deben ingresar en prisión para cumplir el resto de la condena (dos años y 10 meses al haber cumplido ya un año y dos meses en prisión preventiva) o no. Tanto la acusación particular, a cargo del letrado Francisco Belda, como la Fiscalía se oponen con rotundidad, aunque las defensas lo pelearán.

Sobre la inhabilitación en el Cuerpo Nacional de Policía, el propio acuerdo establece que será absoluta, por lo que, en principio, no volverán a ser agentes, aunque cumplan la condena íntegra.

Tambien queda en el aire las indemnizaciones. Y es que, si bien se han aceptado los 200.000 euros como pago a la hija menor de la víctima, la abogacía del estado, a cargo de Nicolás Valero, no reconoce los 50.000 euros para cada uno de los hermanos, sumando en total 250.000. Esta cuestión se juzgará en una vista civil a partir del próximo martes, día 3 de octubre.