Los contactos entre el Ayuntamiento de Cartagena y los ministerios de Medio Ambiente y Defensa se han incrementado en los últimos meses. El objetivo es conseguir la cesión de las baterías de costa de Fajardo, Podadera, Santa Florentina y Santa Ana Acasamatada para integrarlas en la oferta educativa, cultural y turística de la ciudad.
Y es que, desde la Concejalía de Patrimonio, que dirige Isabel García (MC), se están estudiando las diferentes vías de contratación encaminadas a la cesión y posterior dotación de uso de los citados enclaves defensivos Se continúa así las iniciativas abiertas durante el Gobierno del exalcalde y actual primer teniente de alcalde, José López, sobre las que se trabaja para encontrar la solución más idónea para el Ayuntamiento.
Para encontrar la línea de trabajo adecuada, la edil García impulsará en septiembre una serie de consultas con las áreas de Gobierno implicadas, así como con otras instituciones, para consensuar la fórmula que mejor cumplimente los objetivos buscados.
En concreto, las negociaciones con el Ministerio de Defensa sobre las baterías que son de su propiedad, Fajardo y Podadera, desde el Ayuntamiento afirman que están en su última fase. De hecho, el Ministerio, a través del almirante del Arsenal, Aniceto Rosique, ya ha remitido al Consistorio la propuesta del pliego de condiciones referente a la concesión demanial a favor del Ayuntamiento de ambas baterías. Se trata de un paso último antes de establecer las bases del convenio definitivo.
Con esta cesión se pretende actuar, a la mayor brevedad posible, especialmente en el caso de la batería de Podadera, que sufre mayor deterioro con riesgo de desprendimientos. Una vez solventada esta cuestión, desde el Consistorio afirman que la idea es proyectar en la zona alguna iniciativa con uso turístico, ya sea a través de un centro de interpretación o de otra apuesta.
Sobre las fortificaciones que dependen del Ministerio de Medio Ambiente, Santa Florentina y Santa Ana Acasamatada, desde la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar han comunicado al Ayuntamiento que, al encontrarse en dominio público marítimo-terrestre, están sujetas al régimen jurídico específico de la normativa de Costas, por lo que invitan al Consistorio a tramitar una solicitud de concesión administrativa de las baterías que permita estudiar la propuesta.
En este caso, desde el Gobierno local se confía en fomentar el uso de este patrimonio militar para fines formativos y de transferencia internacional de conocimiento, siguiendo el Reglamento General de Costas. Y es que, como refleja Demarcación de Costas, las citadas instalaciones sólo podrían ser utilizadas para alojar allí centros educativos y culturales. Por ello, el exalcalde y actual concejal de Desarrollo Sostenible ha propuesto impulsar su uso como sede permanente de la Universidad del Mar, lo que permitiría que este centro cobrara vigencia durante todo el año en la ciudad. Actualmente, la institución docente está repartida en las instalaciones de la Universidad Politécnica de Cartagena y en el centro formativo ISEN, en convenio con la Universidad de Murcia.
Castillo de la Atalaya
Las actuaciones previstas sobre las baterías de costa se sumarían a los trabajos contemplados en el Castillo de la Atalaya y suponen «un paso más en la consecución del programa de Gobierno de MC», según indicaron desde el propio partido, ya que «se está avanzando en un diseño concreto de actuaciones de recuperación, restauración y puesta en valor del patrimonio militar de Cartagena para usos turísticos, culturales o de otro calado», señalaron.
Desde la formación cartagenerista, en el Gobierno local en coalición con el PSOE, recordaron que desde 2016 el Castillo de la Atalaya es propiedad municipal y, por tanto, «de los cartageneros», tras la cesión gestionada por parte del Ejecutivo local con el Ministerio de Hacienda.
De igual forma, desde el Ayuntamiento indicaron que durante el presente ejercicio presupuestario se destinarán 100.000 euros para los trabajos de consolidación, clasificación y limpieza de la fortaleza. Se trata de unas actuaciones que también han reclamado desde los partidos de la oposición, ya que, a su entender, «hace un año que se consiguió la cesión del castillo y no se ha hecho nada para garantizar su restauración, tal y como prometió el entonces alcalde José López». El objetivo del Ayuntamiento es contratar los trabajos antes de que finalice el año.
