Dar una segunda oportunidad a expresidiarios, drogodependientes y personas en riesgo de exclusión social. Ese es el objetivo que se marcó hace cuatro años la Asociación Matrix Motivacional para el Apoyo Social (AMAS) y que esta semana ha dado el salto definitivo. Y es que, el colectivo ha firmado la adquisición del antiguo colegio Astur de la calle Trajano, en Torreciega, para convertirlo en una residencia y centro de formación.

Así lo afirma el presidente de la asociación, Damián Alcaraz, quien concreta que «el trabajo que hacemos busca la integración de estas personas en la sociedad de una forma progresiva y sin el gran escalón que supone para ellos salir de una clínica o de prisión y enfrentarse al mundo».

El proyecto, que contará con una inversión de 400.000 euros, será «único en el país». Lo afirma el propio Alcaraz, quien destaca que el centro cuenta con una superficie de 5.000 metros cuadrados, pistas deportivas y suficientes infraestructuras para ser adaptadas como residencia y aulas de formación. «Se trata de trabajar con personas en riesgo de exclusión social y ayudarles a su integración en la sociedad a través de formación tanto personal como profesional», afirma el presidente de la asociación.

Para ello no están solos, ya que tanto el Ayuntamiento, a través de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo (ADLE); como la Comunidad Autónoma, con el Servicio de Empleo y Formación (SEF), ya están trabajando en colaboración con AMAS para concretar cursos y llevarlos a cabo. De hecho, la primera fase del proyecto será habilitar un aula en el antiguo centro para acoger un curso en colaboración con la ADLE.

«Lo único de nuestra iniciativa es que aunamos tanto la necesidad de estas personas de volver a adaptarse a la sociedad tras sufrir su drogadicción o cumplir sus respectivas condenas y su inclusión en el mercado laboral. Por eso damos formación en ambos sentidos y hacemos incluso un seguimiento individualizado», comenta Alcaraz. Y es que, el colectivo, creado en 2013, cuenta con unas 600 personas bajo supervisión desde su sede en la calle Lepanto, de la barriada José María de Lapuerta, donde también cuentan con viviendas sociales. «La demanda es enorme y no damos abasto, por eso necesitábamos un centro de gran capacidad para seguir trabajando», dice el presidente de la asociación.

En cuanto a la residencia, Alcaraz avanza que contará con unas 24 plazas, tal y como han estudiado los arquitectos que durante los últimos días han visitado las instalaciones para elaborar el proyecto definitivo. «Será un edificio con todas las comodidades, habitaciones dobles con aseo propio -aunque habrá también alguna individual-, y zonas comunes donde poder hacer una vida normal», señala. «La intención es que se sientan cómodos, ya que en ocasiones trabajamos con personas que no tienen donde ir, con vidas destrozadas que deben empezar a construir de nuevo», añade.

La asociación cuenta con una veintena de profesionales y colaboradores, entre los que hay psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, terapeutas, enfermeros e incluso juristas. «No sólo atendemos el aspecto sanitario, sino que también ofrecemos asesoramiento jurídico ante temas legales que sean complejos», puntualiza Alcaraz.

Empieza a dar sus frutos

Se trata de un trabajo multidisciplinar que empieza a dar sus frutos. Y es que, a través de la asociación, cinco personas que padecieron el mundo de la drogadicción y que actualmente han normalizado sus vidas, han conseguido trabajo, incorporándose de nuevo a la sociedad. Ése es el objetivo principal del colectivo, que además cuenta con un programa de vivienda para aquellas personas que necesiten salir de sus respectivas localidades por motivos de su tratamiento.

No obstante, Alcaraz indica que el trabajo con las familias también es muy importante. Por ello, muchas de las actividades de ocio y tiempo libre que ponen en marcha desde la asociación cuentan con los familiares para ayudar a la normalización de la situación que viven estas personas en riesgo de exclusión social.

Sobre la financiación del proyecto, el presidente del colectivo precisa que el valor de la compra es a diez años y que los 400.000 euros se obtendrán de la viabilidad de la gran demanda de los usuarios que hay en toda España. No obstante, parte de la financiación dependerá tanto del Estado español como de la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento, según se involucren.

Asimismo, la asociación ya está en contacto con entes privados y empresas para que el proyecto sea sostenible y seguir ayudando a las personas en riesgo de exclusión social a seguir formando parte de la sociedad.