Reprobar a todos los políticos que intervinieron en la construcción del auditorio y palacio de congresos El Batel y pedir un informe jurídico a los servicios municipales para ver si en la actuación de la empresa, el arquitecto y los dirigentes hubiera alguna responsabilidad penal. Son las dos medidas que ha adoptado el Ayuntamiento tras concluir la investigación del sobrecoste del edificio, que elevó su precio en un 315%, pasando de 20 millones de euros presupuestados a los 63 finales, según las conclusiones de la comisión de investigación formada por representantes de los cinco grupos municipales.

La decisión de la comisión provoca un reproche histórico a los responsables políticos durante el proyecto, entre los que destaca la exalcaldesa Pilar Barreiro, así como los exconcejales del PP Gabriel Ruiz, María Ángeles Palacios y José Cabezos; y José Vicente Albaladejo, director de Urbanismo en el momento en que se inició la obra.

Y es que, según han defendido desde el Gobierno local y Cartagena Sí Se Puede, «las actuaciones ejecutadas a lo largo de este proceso, así como las continuas omisiones, originaron un grave daño para las arcas municipales, del que también son responsables últimos los políticos de entonces». Una postura criticada por el PP, que pese a votar a favor del dictamen de la comisión de investigación, quiso dejar claro que no estaba de acuerdo con las reprobaciones políticas, «fruto del veredicto inicial que ya tenían prejuzgado el resto de grupos», dijo su portavoz municipal, Francisco Espejo.

No obstante, el dictamen emitido por la comisión de investigación censura la labor desarrollada por los cargos políticos y además solicita a la asesoría jurídica municipal que emita un informe sobre la viabilidad jurídica relativa a la exigencia de posibles responsabilidades, tanto al arquitecto director de la obra como a la empresa contratista.

Durante su intervención, la portavoz de MC, Isabel García, señaló que su grupo considera que «ha quedado demostrado que en el sobrecoste hay que exigir responsabilidades técnicas y políticas, además de las que puedan proceder de valorar las conclusiones por la asesoría jurídica».

Así, García recordó que el principal responsable del sobrecoste fue el arquitecto de la obra, José Selgas, pero no restó culpabilidad a los representantes políticos. «Hay una notable falta de previsión y gestión en la obra lo que ha provocado un sobrecoste y también nos cuestionamos la decisión política de la ubicación del Auditorio, a todas las luces errónea, dándose vía libre al proyecto sin recabar las consideraciones técnicas municipales a pesar de los evidentes riesgos de la ubicación», dijo la edil.

La portavoz de MC avanzó que solicitarán a la asesoría jurídica que estudie si los hechos y la participación de los distintos actores son susceptibles de los delitos de falsedad en documento público, prevaricación administrativa, malversación, fraude a la administración, con la reclamación de las responsabilidades civiles que puedan derivarse».