Proteger a los funcionarios que denuncien episodios de corrupción de la administración pública. Es el objetivo de la moción propuesta por Ciudadanos y aprobada ayer por el pleno municipal, que busca exigir a la Asamblea Regional y al Consejo de Gobierno que desarrolle cuanto antes una normativa legal de alcance autonómico que establezca un marco de protección jurídica para los funcionarios y empleados públicos.
Asimismo, la formación naranja propuso, en el ámbito municipal, que el Ayuntamiento cree un marco de protección para los empleados del sector público que informen sobre malas prácticas de los gestores públicos y posibles delitos de los mismos. «El Ayuntamiento tendrá que llevar a cabo a partir de ahora las actuaciones oportunas para poner en funcionamiento procedimientos, vías y formas de tratamiento de la información mediante las cuales los denunciantes de corrupción no se sientan intimidados ante posibles represalias, como la habilitación de un correo electrónico que no deje rastro, entre otras medidas», afirmaron.
