La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado a la Sala que nombre magistrado instructor para investigar a la senadora del PP y exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro por cinco posibles delitos relacionados con la trama Púnica. Así, la Fiscalía ha solicitado como primera medida la comparecencia voluntaria de la senadora para declarar sobre los «hechos imputados objeto de las presentes actuaciones y cuantas otras sean necesarias para la aclaración de los mismos».
Barreiro, según la exposición razonada que elevó el juez Eloy Velasco antes de dejar el juzgado que investiga el caso Púnica, pudo incurrir en delitos de fraude, falsificación de documento mercantil, prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho.
Por ello, en un escrito de dos folios fechado el 5 de julio, el fiscal solicita el nombramiento de un instructor en el Supremo para investigar los hechos.
Barreiro mostró ayer su «absoluta disposición» a colaborar con la causa y explicó que hace un par de meses ya se personó ante el Supremo y pidió declarar voluntariamente para aclarar su supuesta participación en la trama.
En la exposición razonada elevada por el juez Velasco al Supremo, el instructor de la Púnica la acusa de utilizar fondos públicos para la mejora de su imagen. Según el juez, la autorización que hizo del pago de cuatro facturas mensuales por importe cada una de ellas de 800 euros, pagadas a la empresa de Alejandro de Pedro, «acredita que permitió y consumó el desvío de fondos públicos» que habrían planificado el empresario Javier de Pedro, cabecilla de la Púnica, y José Antonio Alonso, alcalde socialista de Cartagena hasta la llegada de la hoy senadora.
El escrito del juez sostenía que la exalcaldesa se valió de su amistad con Alonso para contactar con Alejandro de Pedro y que la empresa de éste «le realizase trabajos dirigidos a limpiar y cuidar su reputación en las reses sociales».
Un «primer paquete» de trabajos consistía, siempre según el Juzgado de Instrucción, en la gestión de las redes sociales y en la puesta en marcha de un diario digital en la ciudad portuaria.
«Este ardid diseñado -añade la exposición razonada- permitía el pago subrepticio por el ayuntamiento de Cartagena de lo que debía ser un gasto personal de la alcaldesa».
Barreiro dijo en otra ocasión que se le investiga «por cuatro facturas de 800 euros, más IVA, que se abonaron a un periódico digital» en el marco, según ella, de una campaña global de promoción de la ciudad de Cartagena emprendida «en todos los medios de comunicación, tanto escritos como audiovisuales, con motivo de la llegada a la ciudad del tesoro de la Mercedes y de las Fiestas de Carthagineses y Romanos».
Aportará más documentación
«Estamos hablando de anuncios en todos los medios de comunicación de Murcia, Andalucía oriental, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Valencia, Madrid y Barcelona», advirtió la exalcaldesa, quien recordó que en el marco de esa promoción local el Ayuntamiento accedió a incluir a un periódico digital «que tenía muchas visitas en Valencia».
Barreiro aseguró que aportará la factura que recibió el Consistorio por ese trabajo digital, el documento de pago y un «pantallazo» de la información difundida por el medio investigado, de Alejandro de Pedro.
Además negó, como afirma el juez de la Audiencia, que los citados 3.200 euros más IVA fueran para acometer trabajos de mejora de su reputación online, y ha subrayado que no se convocó ningún concurso público, como denuncia Velasco, porque el importe del contrato no requería ese procedimiento.
Exigen que dimita de su cargo para no dañar a la Región
Las reacciones de los partidos políticos de la ciudad a la petición de la Fiscalía del Supremo de investigar a Barreiro por la trama Púnica no se hicieron esperar. Desde Ciudadanos y Cartagena Sí Se Puede exigieron a la exalcaldesa que se aparte de la política, ya que «está causando un grave daño a nuestras instituciones, a la Región y a la ciudad». Asimismo, desde el PSOE, la portavoz de la Ejecutiva local, Alejandra Gutiérrez, aplaudió la decisión de la Fiscalía y recordó el derecho de los ciudadanos a saber y ser informados.
