Alertan de que la remunicipalización coincide con el "localismo" de Trump o del alcalde de Cartagena

Así lo ha hecho saber el propio Tamames en la presentación del libro titulado 'Remunicipalización: ¿ciudades sin futuro?' editado por Profit y el Observatorio de Servicios Urbanos (OSUR), en un acto que ha tenido lugar en el Colegio de Periodistas de la Región de Murcia y en la que ha estado acompañado por el economista, jurista y arquitecto Lorenzo Dávila, y del ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Ramiro Aurín.

Los tres han sido coautores de esta obra junto con el jurista y catedrático de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, Jesús Sánchez Lambás; así como del ex ministro de Trabajo del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Valeriano Gómez, quien es un experto en asuntos laborales.

En este sentido, Dávila ha afirmado que la remunicipalización es una postura alentada por una posición que en España se percibe "de izquierdas" pero que coincide con la de Marine Le Pen en Francia o con el "localismo" de Donald Trump o del alcalde de Cartagena, José López, que "está más cerca de una derecha rancia que del progresismo".

Aurín, con experiencia en temas urbanos de diseño urbanístico, de servicios públicos y gran especialista en la conservación del delta del Ebro cuando se estaba preparando el trasvase del Ebro, ha advertido que la ciudad del futuro "se va a dotar de herramientas, de técnicos y de órganos para supervisar que todos los servicios que ofrece a los ciudadanos funcionan" y generan "riqueza, cultura y condiciones para que los ciudadanos permanezcan en la ciudad".

Para eso, añade, "tienen que contar con todos, tal y como dice el objetivo del desarrollo sostenible de la ONU número 17, ya que cualquier planteamiento de exclusión o sectario es "retrógrado" y "nos lleva a la ciudad de las barricadas del siglo XIX".

Ha puesto como ejemplo el caso de la alcaldesa Ada Colau, que quería "remunicipalizar todo" pero, en casos como en el de la vivienda social, ha tenido que colaborar "con empresas competentes y concesiones mixtas para que el producto sea realmente social". Si lo hubiera hecho el Ayuntamiento por sí mismo, "no hubieran podido hacer tantas viviendas sociales" porque "no son profesionales".

Ha puesto también como ejemplo el caso del tranvía, que en Barcelona se va a prolongar y va a seguir siendo "una empresa mixta porque, para funcionar, necesita el respaldo de los profesionales que fabrican las máquinas o que saben operar ese tipo de empresas", algo que "no es tan fácil de hacer".

Dávila, que trabajó con los agricultores murcianos, recuerda que "cada gota de agua tenía nombres y apellidos, y se sabía a qué lechuga iba a destinada", un conocimiento que no se tiene en el resto de España. Para reutilizar el agua, hace falta una gestión "eficiente y muy especializada que se genera en las universidades, en los centros de investigación y en las empresas que operan en el conjunto del mundo".

Pues bien, Dávila se pregunta si esta labor especializada la va a hacer, por ejemplo, el Ayuntamiento de Cartagena, "que es el que más grita al respecto", si no ha sido "capaz de hacer el trabajo casi rutinario para poner las tarifas" de agua, que "no es algo sofisticado".

APUESTAN POR LAS CONCESIONES "CON TRANSPARENCIA"

Tamames, quien es catedrático de Estructura Económica, catedrático Jean Monnet de la Unión Europea y de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, ha señalado que el objetivo del libro plantear un "análisis crítico y abierto", sobre la "tendencia actual de una serie de municipios españoles a remunicipalizar la gestión de los servicios públicos".

En concreto, el libro examina críticamente la declaración del 4 de noviembre de 2016, suscrita por 12 municipios españoles en la que se plantea la gestión pública de los servicios "por razones ideológicos" y, en cierto modo, "dogmáticas", pero "no por razones económicas ni sociales".

Frente a ello, los autores de este libro sostienen que los servicios públicos pueden ser gestionados por entidades públicas o privadas, siempre que "cumplan los criterios de eficacia, eficiencia, solvencia económica y experiencia histórica en la calidad de los servicios".

Son, precisamente, estos criterios los que deben incluirse en una licitación pública, según Tamames, quien apuesta por sacar a licitación también cualquier remunicipalización, porque la Ley de Régimen Local "obliga a que las corporaciones públicas escojan al que mejor funcione".

Todo ello, lamenta, con el factor "negativo" de que "hay que gastarse una suma importante en esas nuevas empresas públicas", lo que implica "abandonar otras actividades municipales que requieren mucha atención, como la Dependencia, el cuidado de las escuelas públicas o el mantenimiento de infraestructuras urbanas".

IMPACTO ECONÓMICO-FINANCIERO

Dávila, que cuenta con experiencia en materia de urbanismo, que simultanea con el análisis económico y financiero, ha instado a reflexionar sobre el propio término de 'remunicipalización' porque los servicios públicos "siempre serán municipales". Otra cosa, añade, es la prestación de esos servicios, que sí pueden estar ofertados por una empresa pública, por una empresa mixta o por una empresa privada.

A este respecto, Dávila ha alertado sobre el impacto económico-financiero del proceso de vuelta a la gestión directa de los servicios públicos, que "puede estar sesgado por un principio exclusivamente de tipo ideológico, dentro de ese esquema del 'populismo', frente a criterios más económicos y técnicos", lo que puede afectar a la calidad de la prestación o al precio del mismo.

Dávila ha subrayado que cualquier servicio público como el agua o los transportes públicos necesitan inversiones periódicas, por lo que la remunicipalización pone en peligro su calidad "si se produce un desequilibrio en el Ayuntamiento no se pueden acometer". Por el contrario, la gestión privada tiene como ventaja "sacar la prestación" del área de influencia de la administración.

En cuanto a la eficiencia, Dávila ha señalado que se trata de prestar un servicio de calidad con el menor coste posible y, para ello, "es muy importante el conocimiento y la experiencia". En el contexto actual, en el que se avanza a una cuarta revolución industrial a nivel global y es necesario incorporar mucho valor añadido en cuanto a las nuevas tecnologías, "es posible que grandes conurbaciones urbanas como Tokio o Londres atienden a tantos millones que personas que surgen oportunidades para mejorar en la prestación de esos servicios públicos".

Sin embargo, esto no sucede en poblaciones más pequeñas, pero Dávila remarca que en estos entornos pueden intervenir agentes privados que reúnen la experiencia suficiente porque están operando en multitud de ciudades en países diferentes.

En tercer lugar, ha remarcado la importancia de "poder medir la calidad en la prestación de un servicio público", ya que si se puede evaluar de forma objetiva, "es infinitamente más eficiente que lo preste un tercero y la administración opere como quien determina los niveles de calidad, supervisando su cumplimiento de manera permanente

Sin embargo, señala que hay determinados servicios, sobre todo los de tipo asistencial como la dependencia, que son difíciles de medir objetivamente, por lo que la administración sí que tiene en ellos un "valor añadido"