La Dirección General de Bienes Culturales ha decidido «incoar un procedimiento de declaración de bien inventariado a favor de la cárcel de San Antón», por lo que los propietarios deberán «conservar, custodiar y proteger los bienes, asegurando su integridad y evitando su destrucción o deterioro». Asimismo, la resolución indica que los dueños deberán «solicitar autorización de esta Dirección General para cualquier intervención en el inmueble». El informe centra la protección sobre los pabellones de acceso y de reclusos y las cinco garitas que rodean el muro, que podrán ser rehabilitados y adaptados a nuevos usos sin modificar sus condiciones volumétricas. No obstante, «el resto de elementos y de naves no quedan protegidos con el fin de facilitar la recuperación del espacio que lo rodea.