El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) ha suspendido provisionalmente el procedimiento de contratación del Servicio de conservación y mejora de jardines y arbolado en Cartagena del Ayuntamiento, según informaron fuentes del PP, formación que presentó el recurso ante esta instancia.

El portavoz popular, Francisco Espejo, anunció que el TACRC ha aceptado el recurso interpuesto por su grupo para detener el procedimiento de licitación, y añadió que el Gobierno tiene ahora la oportunidad «de garantizar la seguridad jurídica y la estabilidad laboral de los trabajadores y todos sus derechos adquiridos».

Espejo explicó que el proceso de contratación presentaba errores que podían suponer el pago de indemnizaciones a los licitadores y una merma en la calidad de los servicios, por lo que decidieron recurrir para que se paralizara una tramitación que «podría haber costado mucho dinero municipal».

Los errores mencionados corresponden a que la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) no cumplía el plazo de 15 días naturales como exige la ley, así como que el Ayuntamiento no cumplió con su obligación de publicar el anuncio de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Para el portavoz, «ahora es el momento de realizar unos pliegos que aseguren el trabajo a las 90 familias que dependen de este servicio en la actualidad», donde se incluyan la subrogación de la totalidad de la plantilla adscrita al servicio y garanticen la conservación de sus derechos adquiridos.

Los errores en este procedimiento de licitación, añadió el portavoz popular, se suman a la «mala gestión» realizada en el concurso de adjudicación de los permisos de instalación de los chiringuitos, quioscos y otros servicios en las playas. Así, Espejo recordó que en la oferta de los servicios de playa, el Gobierno municipal se olvidó de publicar en el BORM el procedimiento de licitación, y a día de hoy, se desconoce «qué pasará con los empresarios que esperan poder trabajar en sus instalaciones en Semana Santa».

Derechos garantizados

La respuesta del Gobierno no se hizo esperar y la concejala de Hacienda, Isabel García, por medio de un comunicado en la web de su partido, Movimiento Ciudadano, señaló que «es falso que se haya resuelto ningún recurso para suspender la contratación, por lo que el procedimiento sigue siendo válido». Además, argumentó que «todos los trámites seguidos han sido los indicados por los técnicos municipales, así como que los derechos de los trabajadores del mencionado servicio están garantizados».

Según la concejal, «conviene aclarar a los ciudadanos que ningún tribunal ha resuelto el recurso ni le ha dado la razón al PP, pese a que el señor Espejo así lo ha manifestado». García criticó que en el recurso presentado por el PP, en su legítimo derecho, «impugnando los plazos porque seguramente no le parecían los idóneos para sus empresas de cabecera, no defiende ni un solo derecho de los trabajadores».

García indicó que «al contrario de lo que hacía la anterior corporación, cuando las licitaciones daban lugar a que se presentaran 3 ó 4 empresas, en este contrato hay 18 compañías que optan al contrato».