Los estudios iniciales realizados por sendos grupos de investigación de las universidades Politécnica de Cartagena (UPCT) y de Murcia (UMU) han detectado niveles de metales pesados 300 veces superiores a los normales en jardines de las diputaciones cartageneras de Llano, El Beal y El Estrecho.
Estos trabajos, que intentan averiguar si estas concentraciones pueden haberse transferido a la población infantil de la zona, fueron presentados ayer al alcalde, José López, por el científico de la UPCT José Matías Peñas.
El objetivo de los expertos es evaluar el daño histórico y ambiental de la minería metálica sobre la salud infantil en estas tres poblaciones y tras detectar arsénico, cadmio, cinc y plomo, se realizaron unos test in vitro que simulaban los fluidos corporales del ser humano en el intestino, el estómago, el pulmón y la piel.
Los experimentos han revelado que los niveles están muy por encima en el estómago y el intestino, lo que ha llevado a investigar el efecto en humanos, en especial en niños, los más vulnerables a la exposición a metales.
No obstante, Peñas ha recalcado que no hay motivos para alarmarse porque «en ningún momento» se puede concluir que existe un riesgo a priori, sino que hay que esperar a los resultados de los análisis. En caso de que haya un riesgo de transferencia hacia la población infantil, ha añadido, deben adoptarse medidas de corrección, como la restauración de todos estos espacios degradados por la minería y medidas conducentes a minimizar la exposición de los menores a estos contaminantes.
El científico ha trasladado estos resultados tras reconocer que las diversas administraciones e instituciones a las que se ha dirigido previamente, que tienen competencias supramunicipales, no le han escuchado o no han prestado interés.
López se ha mostrado «absolutamente preocupado» con los resultados adelantados por Peñas y se ha comprometido a remitir los estudios definitivos a las administraciones autonómica, estatal y europea y a la Fiscalía para que obliguen a las empresas, propietarios y a los representantes políticos a que «cumplan con su obligación y subsanen el problema».
