Más de la mitad de la plantilla de Navantia en Cartagena va camino de la prejubilación. La edad media de los 1.170 obreros de los astilleros de la ciudad ronda los 54 años, una cifra ligeramente inferior a la de otras factorías de la empresa pública. Aun así, sus trabajadores, según denuncia el presidente del Comité de Empresa, Eduardo Aranda, creen que el «envejecimiento» de la plantilla deja a la fabrica de Cartagena «en una situación crítica». Esto, exponen, sucede también en el resto de las factorías que hay en España.
Los obreros reclaman «un plan de futuro» que garantice el relevo generacional de la plantilla, así como la carga de trabajo. Hace cinco años que lo llevan reclamando sin éxito. Además, exigen que la Administración dote de más capital a la empresa, ya que critican que la compañía ha llegado a un «límite económico», y que ahora están cobrando gracias a los préstamos participativos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). «Navantia no tiene dinero para gestionarse», afirma Aranda.
Ante esta situación, los obreros reclaman la dimisión del actual presidente, José Manuel Revuelta. Consideran que el dirigente «es incapaz de buscar soluciones». Lo que les preocupa es garantizar la renovación de los oficios que se desempeñan en los astilleros. «Los empleados que se prejubilan se llevan sus conocimientos, así que éstos acaban perdiéndose», expone Aranda, quien teme que la línea de producción se retrase debido a la pérdida de tiempo que supone formar a nuevos trabajadores desde cero. Indica que no hay titulaciones que capaciten para desempeñar estas tareas. Por eso, según la plantilla, la solución pasa por crear contratos de relevo en los que los operarios que estén a punto de irse enseñen a los jóvenes que se contraten.
Más de un centenar de obreros de los astilleros de Cartagena participaron en una asamblea en la puerta de la factoría local ayer por la mañana. Los asalariados acordaron llevar a cabo a partir de hoy mismo, día que se cumplen 25 años de la quema de la Asamblea Regional tras una protesta de la antigua Bazán, una medida de presión para que «Navantia no muera». Están preocupados porque «los astilleros pueden desaparecer por falta de carga de trabajo o por escasez de plantilla, ya que no hay renovación».
Para cambiar esto, han decidido no trabajar las horas extraordinarias, así como otras que se compensan con dinero y días libres. «Entraremos a las siete de la mañana y saldremos a las tres menos cuarto, como marca el convenio», subraya el presidente del Comité de Empresa, quien considera que esta medida de presión a la compañía «no ralentizará» los trabajos en el submarino S-80, aunque sí que obligará a reestructurar los cuadrantes de trabajo.
Esta decisión se ha adoptado en respuesta al silencio de la empresa sobre la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo, que obliga a abonar a la SEPI los pagos adeudados a raíz de la anulación del cuarto convenio, y a la falta de respuesta sobre la necesidad de negociar un plan industrial que le de viabilidad a Navantia. Según Aranda, el plan debe contemplar el desglose de las necesidades, la carga de trabajos y las especialidades de cada astillero, incidiendo en que los contratos logrados por Navantia, como los buques para Arabia Saudí o el S-80, «obligan a rejuvenecer la plantilla, no a reducirla».
