Sabiendo de donde partíamos y contrastando nuestro presente, deberíamos reconocer que la sociedad española, en su conjunto, ha experimentado numerosos avances en los campos sociales, culturales y políticos, aun reconociendo, desviaciones negativas en algunos colectivos más desfavorecidos. Negar estos avances, solo puede tener cimientos políticos e intereses programáticos y partidistas. Muchos de los que vivimos y participamos en la transformación política de nuestro país nos deberíamos sentir modestamente orgullosos de haber sido protagonistas de una importante etapa de nuestra historia común y rechazar con firmeza a los que ahora tratan de descalificar nuestra dialogante y pactada Transición, que ha permitido desarrollar tan importantes transformaciones en la sociedad española.

Partíamos de la política de la revancha entre nosotros mismos y de una lenta y dolorosa recuperación económica, con episodios de pobreza contenida, así como de una etapa de democracia vigilada y adormecida. Pero al final conseguimos, tras una premeditada y voluntariosa cesión, poner los valores generales muy por encima de los intereses individuales y partidistas. Desde su refrendo por la gran mayoría de los españoles, todos hemos transitado por el camino que la voluntad democrática nos indicó, lo que nos permitió alumbrar una duradera convivencia tolerante que hemos podido transmitir a las nuevas generaciones, nacidas en la democracia consolidada y que, ahora, dialogan y se definen como adversarios, pero no como enemigos.

Las generaciones pasan, las sociedades evolucionan, pero el conocimiento de nuestra historia reciente nos aconseja adaptarnos de forma consensuada y muy meditada a las realidades actuales, pero conservando los principales cimientos que han consolidado la democracia.

Los actuales partidos que componen la pluralidad política en nuestro país están divididos a la hora de pedir la actualización de nuestra Constitución. Unos piden iniciar un nuevo periodo constitucional, con peligrosa pluralidad nacional; y otros, una actualización de algunos principios básicos, pero no su derogación. Creo que ha llegado la hora de que cada partido político exponga públicamente cuál es su criterio y motivos, para reformar nuestra Carta Magna y explique minuciosamente que artículos quiere anular o modificar y que texto alternativo propone. La sociedad española se juega mucho con la modificación o actualización de la Constitución, y por tanto, debe ser absolutamente indispensable conocer a fondo las posibles consecuencias que, en nuestra vida colectiva e individual, nos puedan afectar en el presente y en el futuro.

Fuimos la gran mayoría de los españoles, los que votamos nuestra actual Constitución y, por tanto, exigiremos que sean estas mismas mayorías políticas las que propongan la actualización de la misma y que se acompañe de una intensa discusión pública hasta consensuar un texto que consideremos beneficioso para nuestra plural pero unida convivencia. De no ser así, deberíamos esperar a que vengan tiempos mejores, hasta conseguir una mayor convivencia de pluralidad democrática y no plegarnos a los intereses partidistas, tanto políticos como regionales. Los partidos proponen, pero son todos los ciudadanos los que deciden.