Polémica

La compra de un edificio para ampliar San Miguel enfrenta al Gobierno local y la oposición

El PP denuncia la "adquisición ilegal" del Hotel Peninsular por parte del Ayuntamiento a un militante de MC y el alcalde se defiende afirmando que fue una decisión adoptada por el anterior ejecutivo de Barreiro

13.01.2017 | 04:00
La compra de un edificio para ampliar San Miguel enfrenta al Gobierno local y la oposición

Apenas 12 días desde que comenzara el año y las relaciones entre el Gobierno local y la oposición, en plazos en los que deben negociar los presupuestos para el presente año, siguen lejos de ser conciliadoras. Una nueva muestra del enfrentamiento entre el Ejecutivo local (formado por MC y PSOE) y el resto de partidos municipales saltó ayer con la denuncia del PP sobre la compra de un edificio en la calle Cuatro Santos -el antiguo Hotel Peninsular- por parte del Ayuntamiento para ampliar las dependencias municipales de San Miguel. El portavoz popular, Francisco Espejo, afirmó que la adquisición del inmueble se ha hecho «saltándose la ley» y para beneficiar al propietario, que identificó como militante de MC, el partido del alcalde José López.

Y es que, Espejo detalló en una rueda de prensa que la pensión abandonada, cuya compra aprobó la Junta de Gobierno local el 29 de diciembre, es de la familia de Juan Carlos Martínez Ros, militante de MC y número 12 de la lista a las elecciones municipales de 2015, encabezada por López.

Así, el portavoz popular mostró la «sorpresa» de su partido por la compra de un edificio privado cuando el alcalde «lleva casi dos años quejándose de no tener dinero». «Nos extrañó mucho más que decidiera ampliar el edificio administrativo comprando un edificio privado, cuando el Ayuntamiento ya es dueño de un solar que está preparado para una ampliación», argumentó.

Espejo señaló que la documentación remitida a su grupo por el equipo de Gobierno muestra que los dueños pidieron al Consistorio la compra del inmueble el 21 de diciembre y, «en menos de 72 horas, el Ayuntamiento les ofreció más de medio millón de euros», lo que refleja, según el portavoz popular, que «se han forzado los tiempos».

Espejo recordó que la ley impide «intervenir en una compra de la Administración a alguien que tenga amistad íntima con el vendedor» y habló de una relación «evidente» entre el alcalde y Martínez Ros. Finalmente, el portavoz popular indicó que estudian emprender acciones para que se aclaren los hechos y se depuren responsabilidades.

Herencia del pasado

La respuesta del Gobierno local no se hizo esperar y, apenas dos horas más tarde de la rueda de prensa del portavoz del PP, el propio alcalde programó una comparecencia pública para recalcar que la compra del Hotel Peninsular es una herencia de los Ejecutivos populares dirigidos por la exalcaldesa Pilar Barreiro.

Así, el regidor acusó a Espejo y al presidente del PP cartagenero, Joaquín Segado, también presente en la rueda de prensa popular, de «incapacidad para resolver al frente de la concejalía de Urbanismo un expediente iniciado en 2005, cuando se decidió que este inmueble era equipamiento administrativo y debía expropiarse».

Asimismo, López negó haber participado en la negociación y valoró una operación que «ha ahorrado un millón de euros a las arcas municipales», ya que según escritos que existen en los cajones del Ayuntamiento los propietarios habían exigido a los anteriores Gobiernos locales 1,5 millones de euros por la expropiación del inmueble. Una operación que se convirtió en forzosa en 2005, cuando el Ejecutivo de entonces incluyó el edificio como sistema general de equipamiento administrativo por unanimidad del pleno, pese a la oposición de los propietarios, que querían mantener el negocio.

«El expediente está impoluto, estoy seguro, porque es el que los técnicos han confeccionado para cumplir con la obligación del Ayuntamiento de adquirir la propiedad porque así lo decidió el gobierno de Barreiro», reiteró el alcalde, quien retó al PP a que «si hay algo irregular que lo expliquen y que se exijan, aunque ahora años después, las responsabilidades por incapacidad y negligencia, o que al menos sean capaces de dejar de mentir y entorpecer con ello la labor de un gobierno que lleva 18 meses pagando sus deudas y sus facturas».

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